El activista denuncia falsedades en expedientes y revela detalles de su proceso judicial tras su liberación
Israel Vallarta Cisneros fue puesto en libertad la mañana del viernes 1 de agosto, tras casi veinte años en prisión preventiva. Su salida del Penal del Altiplano representó un momento crucial en su lucha por la justicia, y en sus primeras declaraciones ante los medios de comunicación, abordó aspectos relacionados con su proceso judicial y las irregularidades que enfrentó durante su encarcelamiento.
Desde las primeras horas fuera de prisión, Vallarta comenzó a ofrecer detalles sobre su caso, señalando que algunos funcionarios del gobierno federal habrían ocultado información y mentido para mantenerlo en situación de culpabilidad. Sus declaraciones se centraron en acusaciones específicas contra exfuncionarios, en particular, de la Secretaría de Gobernación, quienes supuestamente manipularon expedientes y declaraciones para favorecer una narrativa judicial que lo vinculaba con delitos que aseguró no haber cometido.
En sus declaraciones, Israel Vallarta afirmó que Adán Augusto López Hernández y Olga Sánchez Cordero, quienes ocuparon cargos en la Secretaría de Gobernación durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se abstuvieron de participar en su caso. Además, acusó a estos exsecretarios de haber mencionado expedientes falsos en relación con su proceso. “Supuestos expedientes que en su momento Adán Augusto (…) dijo que yo tenía abiertos, lo cual fue falso. La misma Olga Sánchez Cordero también afirmó, en su momento, que conocía mi situación particular, lo cual no fue así”, expresó.
Vallarta explicó que durante su proceso judicial, en el que fue víctima de tortura y diversas irregularidades, se encontró con declaraciones y acciones de funcionarios que, afirmó, distorsionaron la realidad de su caso. También, confirmó que durante su tiempo en prisión tuvo contacto con Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario de la Policía Federal detenido en 2021 por presunta tortura a personas vinculadas a su caso. Aseguró que, a diferencia de lo que se ha denunciado públicamente, Cárdenas Palomino nunca lo amenazó ni agredió, ya que su búsqueda de justicia no era violenta.
La liberación de Vallarta se produjo tras la resolución de su situación judicial, en la que fue absuelto la noche del jueves 31 de julio. Desde el inicio de su detención en 2005, ha denunciado torturas y irregularidades en el proceso en su contra, que se convirtió en símbolo de las fallas del sistema judicial mexicano. Su caso también fue conocido internacionalmente debido al montaje televisado de su captura junto a Florence Cassez, lo que generó amplias críticas sobre la justicia en México.
Por otra parte, Olga Sánchez Cordero, quien en su momento fue titular de la Secretaría de Gobernación y actualmente ocupa el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impulsó la revisión de su caso desde su posición en Gobernación. En contraste, Adán Augusto López Hernández, quien también ocupó esa secretaría, no tuvo participación pública ni intervención directa en el proceso de Vallarta durante su gestión.
Estas acusaciones surgen en un contexto en el que Vallarta busca que se esclarezcan las irregularidades que, afirma, marcaron su proceso judicial. Su relato aporta elementos que podrían retratar una realidad diferente a la que fue presentada oficialmente, y que evidencia posibles falsedades y manipulación por parte de algunos funcionarios.
Cabe destacar que Israel Vallarta ha mantenido una postura pacífica y respetuosa en sus declaraciones, destacando que su lucha por la justicia no ha sido violenta. La denuncia de posibles mentiras y falsedades en expedientes judiciales busca no solo aclarar su caso, sino también poner en evidencia las fallas del sistema judicial mexicano, que en su opinión, estuvo marcado por abusos y manipulación.
Su caso continúa siendo un símbolo de las irregularidades en el sistema judicial de México y un llamado a la revisión de procesos que, según él, estuvieron marcados por la falsedad y la injusticia. La atención pública y mediática sigue centrada en las implicaciones de estas acusaciones, que podrían tener repercusiones en el ámbito político y judicial del país.
