La directiva, firmada en secreto, permite operaciones militares en América Latina sin acuerdos bilaterales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en secreto una directiva que autoriza al Ejército estadounidense a emprender acciones militares contra cárteles de droga extranjeros, principalmente en América Latina. Esta medida, considerada la más agresiva de su administración en la lucha contra el narcotráfico, trata el problema como una cuestión de seguridad nacional, no solo de aplicación de la ley.
La decisión representa un cambio profundo en la estrategia antidrogas de Estados Unidos, permitiendo operaciones militares directas en altamar y en territorio extranjero sin necesidad de acuerdos bilaterales. Hasta ahora, tareas similares estaban bajo responsabilidad de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia.
Fuentes citadas por The New York Times indican que altos mandos militares ya trabajan en la elaboración de escenarios y planes de acción para atacar directamente a grupos criminales considerados como organizaciones terroristas extranjeras. Estas acciones incluirían operativos navales y de Fuerzas Especiales, con el objetivo de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas.
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Expertos legales advierten que actuar contra presuntos miembros de cárteles fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría considerarse ilegal, o incluso un asesinato, si no existe una amenaza inminente. La directiva también abre la posibilidad de actuar sin autorización de los países afectados, lo que podría violar el derecho internacional, salvo en casos de legítima defensa.
El Departamento de Defensa se negó a comentar públicamente la directiva, mientras que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado no han emitido opiniones legales. Históricamente, operaciones similares han sido criticadas; en 1989, la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega fue calificada como una “violación flagrante del derecho internacional” por la ONU.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha ampliado la clasificación de cárteles como organizaciones terroristas. En febrero, designó a grupos como Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cartel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como amenazas a la seguridad nacional. El Departamento del Tesoro también acusó al cartel venezolano de colaborar con el Cártel de Sinaloa y Tren de Aragua para traficar drogas a EE. UU., y duplicó la recompensa por información sobre Maduro, hasta 50 millones de dólares.
En México, en abril, Trump propuso formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitir el ingreso del Ejército estadounidense para combatir a los cárteles en el territorio mexicano, oferta que fue rechazada. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado el uso de drones y labores de inteligencia sobre México, sin realizar ataques letales, en una estrategia más agresiva.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el uso de la fuerza militar argumentando que, al tratarse de organizaciones terroristas, se pueden emplear “todas las herramientas del poder estadounidense”. Expertos legales advierten que la designación de terroristas no autoriza operaciones militares sin aprobación del Congreso.
Con esta directiva, la administración Trump impulsa una política antidrogas más militarizada, pese a los riesgos diplomáticos y legales que implica.