La mandataria mexicana afirma que decisiones sobre la pena capital corresponden a Estados Unidos y reafirma su postura en contra de su aplicación
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su postura respecto al fallo emitido por las autoridades de Estados Unidos en relación con la aplicación de la pena de muerte a tres destacados integrantes de grupos delictivos en el país. La mandataria reiteró que las decisiones sobre la pena capital corresponden exclusivamente a las autoridades estadounidenses y que su gobierno mantiene una postura firme en contra de esta medida.
En declaraciones recientes, Sheinbaum puntualizó que México no participa ni interviene en los procesos judiciales de Estados Unidos, ya que estos corresponden a la jurisdicción del país vecino. Sin embargo, dejó en claro que, desde la perspectiva de su administración, la pena de muerte es inaceptable en cualquier circunstancia. “Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidamos”, afirmó.
Asimismo, la presidenta subrayó que, en los casos de extradición, los tratados internacionales establecen un principio de reciprocidad. Esto significa que, en los acuerdos entre ambos países, no puede permitirse la imposición de la pena capital a los extraditados. Sheinbaum aclaró que México no participa en esas decisiones y que estas son exclusivas de Estados Unidos. “Cuando se extradita a un delincuente o presunto delincuente, el tratado establece reciprocidad; es decir, no puede haber pena de muerte.
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Pero no participamos en estas decisiones. Son exclusivas de EE.UU.”, puntualizó.
Por otra parte, la jefa del Ejecutivo mexicano destacó que aún no se dispone de información oficial respecto a un posible acuerdo o pacto con los exlíderes del crimen organizado involucrados en estos casos. Entre ellos, se encuentran Ismael Zambada García, conocido como El Mayo; Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y Rafael Caro Quintero. Los tres están vinculados a procesos legales que, en Estados Unidos, podrían haber derivado en la imposición de la pena de muerte si no hubiera sido revocada por el gobierno federal.
En este contexto, las autoridades federales estadounidenses han confirmado, mediante fallos documentados, que no buscarán la pena de muerte para estos tres narcotraficantes extraditados desde México. La decisión fue anunciada por el fiscal Joseph Nocella Jr. durante una audiencia en la corte de Nueva York. La resolución elimina la opción extrema de la pena capital en los procesos en su contra, centrando la atención en otras sanciones penales posibles.
Especialistas en derecho y política criminal señalaron que la renuncia a la pena de muerte en estos casos responde a criterios tácticos. Entre las razones, destacaron la avanzada edad de los acusados, la prolongación de las apelaciones y el riesgo de violencia en México ante una sentencia de muerte. La decisión refleja una tendencia en Estados Unidos a limitar el uso de la pena capital en casos de delitos graves, en un contexto de debate ético y legal que ha ganado fuerza en los últimos años.
En conclusión, la postura de México frente a estos fallos refleja su firme rechazo a la pena de muerte y su respeto por los tratados internacionales de extradición. La presidenta Sheinbaum reafirmó que las decisiones sobre sanciones extremas corresponden únicamente a Estados Unidos, donde el debate sobre la pena capital continúa siendo un tema de controversia y discusión pública.
