WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS. – El contrabando de combustible entre Estados Unidos y México ha encendido las alarmas en el Senado estadounidense, llevando al senador demócrata Ron Wyden a iniciar una investigación formal y a presionar a siete compañías navieras internacionales para que expliquen cómo evitan que sus petroleros sean utilizados por cárteles mexicanos para transportar hidrocarburos ilícitos.
Según información de La Jornada, Wyden se dirigió a siete empresas de transporte marítimo como parte de una indagatoria sobre el tráfico ilegal de gasolina, diésel y crudo vinculado al crimen organizado. El legislador solicitó a las compañías que detallen sus procedimientos de control y diligencia debida para prevenir el uso de sus buques en estas operaciones ilegales.
Estas solicitudes se enmarcan en un contexto donde el combustible robado y de contrabando se ha consolidado como la segunda fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, superado únicamente por el narcotráfico, de acuerdo con estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El fenómeno del huachicoleo se fortalece como un negocio clave para organizaciones como el CJNG y el CSRL, según reportes oficiales, que también señalan al contrabando de hidrocarburos como la actividad criminal más rentable fuera del tráfico de drogas para estos grupos, fortaleciendo su poder económico y facilitando la expansión de mercados ilegales transfronterizos.
Las organizaciones criminales han logrado infiltrarse en el sector energético de Norteamérica, dominando la logística del transporte de hidrocarburos a través de diversos medios, incluyendo camiones, ferrocarriles y, más recientemente, buques petroleros. Fuentes policiales citadas por La Jornada indican que los cárteles han reclutado a personal de la industria petrolera, algunos sin conocimiento del uso ilícito de los cargamentos y otros con participación directa, lo que ha permitido el movimiento de grandes volúmenes de combustible a través de rutas aparentemente legales. Wyden enfatizó la necesidad de asegurar que tanto las compañías navieras como el gobierno de Estados Unidos realicen todos los esfuerzos posibles para cortar esta fuente de ingresos.
Las empresas que recibieron las misivas del senador son Torm, International Seaways, Norden, CMB.Tech, Frontline, Teekay y Scorpio. Wyden solicitó información detallada antes del 10 de enero de 2026 sobre los mecanismos que emplean para garantizar que sus embarcaciones no transporten combustible ilícito. Es importante destacar que ninguna de las compañías ha sido acusada formalmente de cometer delitos; algunas han confirmado la recepción de la carta y asegurado cumplir con las normativas de “conozca a su cliente” y la legislación vigente.
El esquema de contrabando se basa en gran medida en la evasión fiscal. En México, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la gasolina y el diésel importados puede superar el 50% del valor del cargamento. Los delincuentes evaden este impuesto mediante declaraciones falsas, presentando el combustible como otros productos petroleros exentos. Se estima que un solo cargamento transportado por un petrolero puede generar ahorros de millones de dólares en impuestos, según cálculos retomados por La Jornada.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es identificado como el principal operador del contrabando de combustible, y el único que utiliza petroleros de gran escala, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses citadas en el reportaje. Las importaciones ilegales representan hasta un tercio del mercado mexicano de gasolina y diésel, con un valor estimado de más de 20 mil millones de dólares anuales, lo que ha generado gran preocupación en ambos países. Wyden calificó el alcance de estas operaciones ilícitas como asombroso y subrayó que frenar este negocio es fundamental para debilitar la capacidad financiera de los cárteles dedicados también al tráfico de drogas.