El Departamento de Estado anuncia un programa piloto que afecta a solicitantes de países con altas tasas de permanencia ilegal
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha propuesto la implementación de un nuevo mecanismo que exigiría a los solicitantes de visas de turista y negocios pagar una fianza de hasta 15,000 dólares para ingresar al país. Esta iniciativa representa la segunda ocasión en la que la administración del expresidente Donald Trump intenta establecer esta medida, la primera fue durante su primer mandato presidencial.
En moneda nacional, dicha cantidad equivale a un desembolso que oscila entre 94 mil y 283 mil pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio vigente. El Departamento de Estado anunció que en los próximos días comenzará un programa piloto de 12 meses destinado a evaluar el impacto de esta medida. El programa se enfocará en países considerados con altas tasas de inmigración ilegal y con controles internos deficientes en la verificación de documentos.
El objetivo del programa es que los solicitantes de visas, específicamente aquellos de países con mayores índices de permanencia ilegal, puedan ser requeridos a pagar fianzas de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares al momento de solicitar su visa. Este mecanismo busca garantizar que los visitantes cumplan con las condiciones de ingreso y permanencia en Estados Unidos, además de reducir el riesgo para el gobierno estadounidense en caso de incumplimiento.
Cada año, millones de mexicanos solicitan visas de tipo B-1 y B-2, destinadas a actividades de turismo, negocios o visitas familiares. La posible imposición de una fianza significativa podría afectar la capacidad de muchos de estos solicitantes para acceder a la visa, generando una barrera financiera considerable. En consecuencia, se advierte que una reducción en la emisión de visas podría traducirse en una disminución del turismo hacia Estados Unidos, especialmente en estados como Texas, California, Nevada y Florida.
Además, el endurecimiento de los requisitos contempla cambios en los procedimientos de solicitud y renovación de visas. La Secretaría de Estado ha establecido que muchos solicitantes de renovación ahora deberán someterse a entrevistas adicionales en persona, un requisito que en el pasado no era obligatorio. La intención es fortalecer los controles y reducir las posibilidades de permanencia ilegal.
El programa piloto entrará en vigor 15 días después de su publicación formal y busca asegurar que el gobierno estadounidense no asuma responsabilidades financieras si un visitante incumple los términos de su visa. Según el aviso oficial, los extranjeros que soliciten visas como visitantes temporales por motivos de negocios o placer, provenientes de países con altas tasas de permanencia ilegal o con controles deficientes, podrían estar sujetos a esta medida. Los países afectados serán definidos una vez que el programa comience oficialmente, aunque se aclaró que esta fianza no aplicará a ciudadanos de países inscritos en el Programa de Exención de Visas.
En el pasado, propuestas similares se presentaron pero nunca se implementaron plenamente. En diciembre de 2020, el Departamento de Estado, entonces dirigido por Antony Blinken, anunció un programa piloto temporal que contemplaba exigir fianzas de 5,000, 10,000 y 15,000 dólares a solicitantes de visas B-1 y B-2 en países con altas tasas de estancia irregular. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 suspendió su aplicación definitiva.
Marco Rubio, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Estado, ha impulsado también otras medidas restrictivas en materia migratoria. En marzo de 2025, anunció una política que prohíbe visas a funcionarios extranjeros y sus familiares que faciliten la migración ilegal desde países aliados. En abril del mismo año, lanzó la política “Catch and Revoke”, que cancela automáticamente visas de no-ciudadanos que infrinjan las leyes estadounidenses. En junio, utilizó la Orden Ejecutiva 14059 para imponer restricciones de visa a familiares y asociados de personas sancionadas por narcotráfico, específicamente por delitos relacionados con el fentanilo.
Las propuestas de exigir fianzas para visas no son nuevas, pero su aplicación ha sido limitada. En 2020, el Departamento de Estado anunció un programa piloto similar que no llegó a implementarse completamente debido a la pandemia. La intención es reducir la permanencia irregular y fortalecer los controles migratorios, aunque también genera controversia por su impacto económico y social en los solicitantes mexicanos.
Este cambio en la política de visas refleja una tendencia hacia requisitos más estrictos en los procesos migratorios, en línea con las políticas de seguridad y control fronterizo que Estados Unidos ha promovido en los últimos años. La medida busca, además, desalentar posibles irregularidades y garantizar la protección de sus fronteras, aunque también plantea desafíos económicos y sociales para miles de mexicanos que buscan visitar o realizar negocios en Estados Unidos.
