La Administración de Donald Trump implementa una táctica selectiva de separación familiar para desalentar la migración indocumentada en Estados Unidos
El gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva estrategia para presionar a los migrantes indocumentados a abandonar Estados Unidos. Esta táctica consiste en separar a los niños de sus padres en un esfuerzo por disuadir la permanencia en el país y fomentar el regreso voluntario a sus países de origen.
A diferencia de la política de “tolerancia cero” de su primer mandato, que en su momento separó a miles de niños en la frontera, esta modalidad resulta más selectiva y dirigida. La práctica se enfoca en migrantes que, ya dentro de Estados Unidos, han recibido órdenes de deportación y se resisten a abordar vuelos comerciales para su retorno. La clave radica en una elección angustiante: las familias deben decidir si se separan voluntariamente o enfrentan la detención con la posible separación de sus hijos.
De acuerdo con información documentada por The New York Times, al menos nueve casos confirmados evidencian cómo padres han sido separados de sus hijos tras negarse a cumplir las órdenes de deportación. Entre estos casos figura el de Evgeny y Evgeniia, una pareja rusa que buscaba asilo. Ambos enfrentaron esta cruel elección y, al negarse a regresar a Rusia, su hijo Maksim, de ocho años, fue separado y enviado a un albergue para menores no acompañados.
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Esta táctica tiene un enfoque principal en migrantes que ya están en Estados Unidos y que han sido objeto de órdenes de deportación, particularmente en casos donde rehúsan abordar los vuelos de retorno. La administración estadounidense utiliza la separación familiar como un mecanismo para persuadir a las familias a partir del país y como un disuasivo efectivo contra la migración ilegal. La política busca crear un ambiente de miedo y presión que motive a las familias a desistir de sus intenciones migratorias.
En respuesta a estas acciones, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que “ICE no separa familias” y que la responsabilidad recae en los propios migrantes, quienes tienen la opción de permanecer en Estados Unidos acompañados si deciden abandonar el país juntos. Además, negó la existencia de una política oficial de separación familiar en esta nueva estrategia, insistiendo en que las decisiones se toman conforme a la ley y en función de las circunstancias particulares de cada caso.
Este tipo de acciones contrastan con las políticas implementadas durante el primer mandato de Donald Trump, cuando los agentes de inmigración separaban a las familias en la frontera sur. En ese entonces, los adultos eran acusados penalmente por entrada ilegal y encarcelados, mientras que sus hijos eran alejados y colocados en albergues. La política generó una condena internacional significativa y fue revertida en 2018. La estrategia actual, en cambio, se aplica a migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos y que no necesariamente cruzaron la frontera de manera ilegal, sino que enfrentan procesos de deportación.
La exfuncionaria de ICE, Claire Trickler-McNulty, con experiencia en administraciones republicanas y demócratas, señala que, aunque en el pasado las separaciones se justificaban por razones de seguridad nacional o pública, nunca se había utilizado la amenaza de separación familiar como una herramienta para forzar la salida del país. En anteriores administraciones, estas familias solían ser liberadas en Estados Unidos bajo monitoreo electrónico mientras esperaban sus citas judiciales, pero la nueva táctica busca disuadir de forma más contundente.
Este cambio en la política migratoria refleja una estrategia más agresiva y selectiva, en la que la separación familiar se convierte en un mecanismo de presión para desalentar la migración irregular. La comunidad internacional y organizaciones defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto psicológico y emocional que estas separaciones pueden causar a los menores y sus familias, además de cuestionar la legalidad y ética de dichas prácticas.
En conclusión, la Administración de Donald Trump ha adoptado una táctica que, aunque no tan masiva como en 2018, sigue siendo profundamente polémica y criticada por su crueldad. La separación de niños y padres como método para obligar a migrantes a abandonar Estados Unidos evidencia una política que prioriza la disuasión mediante la intimidación y el sufrimiento familiar, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en el país.
