La estrategia de Washington y el impacto en la política y economía mexicanas
La reciente prórroga de 90 días antes de la imposición de aranceles no representa una victoria para México, sino una estrategia de Estados Unidos que busca consolidar su posición en la región. La llamada del pasado jueves entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump derivó en un acuerdo bilateral que, lejos de ser un logro diplomático mexicano, refleja una decisión estratégica de Washington en medio de su avance en negociaciones con China. La narrativa oficialista que pretendía destacar la pericia mexicana en estas negociaciones resulta insuficiente ante la evidencia de que Estados Unidos impone condiciones de forma unilateral.
Las negociaciones entre México y Estados Unidos se centran en dos ejes fundamentales: la desvinculación de la economía mexicana respecto a China y una serie de ajustes profundos al marco institucional del país. Estos cambios incluyen aspectos relacionados con seguridad, combate al crimen organizado, migración y Estado de derecho. Todo indica que, en la práctica, se busca la entrega o la aprehensión de figuras clave de la élite de la Cuarta Transformación, con presuntos vínculos con el crimen organizado, en un contexto de mayor control estadounidense sobre la política interna mexicana.
En el plano comercial, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha intentado operar dentro del marco del T-MEC y distanciarse de China. Sin embargo, los márgenes de maniobra que le han dejado son mínimos. Desde su etapa como canciller y hasta ahora, México ha tenido poca capacidad de negociación real, resultado de su pérdida de peso en la diplomacia global. La prórroga de 90 días no fue un logro mexicano, sino una conveniencia de Estados Unidos, que la requiere para cerrar flancos con China en medio de su confrontación comercial con Pekín.
Desde que inició su guerra comercial con China, Estados Unidos ha alcanzado acuerdos con Reino Unido, Vietnam, Japón, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur y la Unión Europea. En el caso de México, en cambio, se han otorgado prórrogas que dejan abiertas varias dudas sobre el rumbo definitivo de las negociaciones. El expresidente Donald Trump anunció en junio pasado un acuerdo con Beijing que permite a Estados Unidos acceder a minerales de tierras raras, a cambio de concesiones como la admisión de estudiantes chinos en universidades estadounidenses. Trump afirmó, en su estilo característico, que la relación con China era “excelente”, pese a que Estados Unidos mantiene aranceles del 55 % sobre productos chinos, frente a solo un 10 % de China.
La “tregua” con China se extiende hasta el 12 de agosto, mientras las delegaciones de ambos países siguen negociando. La reunión en Suecia la semana pasada fue calificada como “constructiva” por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aunque advirtió que “nada está decidido”. En lo que respecta a México, Trump fue claro: continuará con los aranceles ya aplicados. Aunque algunos productos protegidos por el T-MEC están exentos, la presión persiste y la estrategia estadounidense busca mantener control sobre sectores clave.
El contenido de la llamada entre los mandatarios revela que, en realidad, Estados Unidos impone condiciones que el gobierno mexicano había evitado por años. La diferencia radica en que ahora esas imposiciones son una realidad concreta. La reaparición del embajador Esteban Moctezuma, quien en meses estuvo ausente en la relación bilateral, sirvió para aplaudir la “capacidad negociadora” de Claudia Sheinbaum, en un acto que más parece propaganda que diplomacia. Más allá de los elogios, las condiciones impuestas ya se están cumpliendo, evidenciando el peso real de Washington sobre México.
Entre las decisiones que ilustran esa dinámica se encuentra la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, una pieza clave para blindar a figuras relacionadas con el lavado de dinero y el crimen organizado, como Alfonso Romo, Adán Augusto López y López Beltrán. En su lugar, asumió Omar Reyes, cercano a García Harfuch y con perfil técnico. Además, se anunció la creación de una Unidad Fronteriza en Sonora, con un fuerte respaldo estadounidense, para combatir el tráfico ilegal de drogas, armas y personas, en un movimiento que responde más a intereses de seguridad de Estados Unidos que a decisiones soberanas mexicanas.
Las concesiones también afectan sectores económicos estratégicos. El informe National Trade Estimate Report revela que el litio, que había sido declarado estratégico y reservado al Estado, será abierto al sector privado. En el sector energético, incluyendo a la Comisión Federal de Electricidad, se permitirá la participación privada en generación, importación, distribución y transmisión de energía, rompiendo con la política estatista de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En telecomunicaciones y servicios digitales, se autoriza la entrada de empresas estadounidenses en infraestructura crítica y banca digital, además de abrir los pagos electrónicos a proveedores de Estados Unidos, lo que representa una liberalización total del sector, contraria a la narrativa de soberanía tecnológica promovida por el gobierno.
Claudia Sheinbaum enfrenta su primera gran prueba de gobierno: decidir si cumple o no con los acuerdos impuestos, incluso si eso implica romper con su mentor político y las estructuras clientelares que sostienen a su partido. Estados Unidos ha dejado claro que las decisiones ya no dependen de la diplomacia, sino de la obediencia. Las imposiciones revelan, en última instancia, la fragilidad de México ante su principal socio comercial y el fracaso de la retórica nacionalista y populista que, en su momento, buscó presentar una imagen de soberanía y autonomía.
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SUBTITULO: La estrategia de Washington y sus efectos en la relación bilateral y sectores clave
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