El gobierno brasileño y actores políticos consideran incluir al PCC y CV en lista de organizaciones terroristas, mientras se intensifica la militarización en la región.
La tensión en la frontera entre Brasil y Paraguay se ha incrementado debido a una creciente presión tanto interna como externa para clasificar a las organizaciones criminales, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), como grupos terroristas. La iniciativa surge en un contexto de fuerte rechazo del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca evitar posibles interpretaciones que puedan justificar intervenciones militares o violaciones a la soberanía.
Internacionalmente, Estados Unidos evalúa ampliar sus capacidades para sancionar y compartir inteligencia con las autoridades regionales frente a la amenaza de estas organizaciones, con aún mayor énfasis en la cooperación con Paraguay. Se reporta también que el gobierno paraguayo, alineado con ciertos movimientos políticos, ha declarado a estas bandas como grupos terroristas, en un intento de fortalecer acciones militares en la zona.
En Brasil, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha promovido una ofensiva contra el CV y ha realizado gestiones diplomáticas con agencias estadounidenses, incluido un encuentro con la DEA en Nueva York. Estas acciones enmarcan una estrategia para combatir la delincuencia transnacional, pero también generan suspicacias sobre posibles movimientos de ocupación o espionaje en la región.
Desde el ámbito político, voces dentro del Partido de los Trabajadores advierten que el concepto de narcoterrorismo puede ser utilizado como pretexto para una injerencia extranjera, en un escenario donde se contempla también la posible instalación de bases militares en Paraguay. La reciente operación “Escudo Guaraní”, que reforzó la frontera y utilizó aviones de patrulla, refleja el incremento en las medidas de seguridad en la región.
Estos hechos ponen en debate la creciente militarización de las fronteras y el impacto de las políticas internacionales en la soberanía de los países latinoamericanos, en un contexto de lucha contra las organizaciones criminales que operan en el país y en la región.