La secretaria general de la Presidencia tomó una decisión definitiva respecto a la medida cautelar que buscaba censurar los audios filtrados, reforzando su denuncia penal por espionaje.
La secretaria general de la Presidencia decidió dejar sin efecto la medida cautelar que buscaba evitar la difusión de ciertos audios grabados en reuniones privadas en la Casa Rosada, en un movimiento que refleja su intención de priorizar la transparencia y el esclarecimiento de los hechos. La medida, que fue otorgada en tiempo récord por un juez civil, generó controversia y acusaciones de abuso de autoridad por parte de expertos jurídicos, quienes advierten que su utilización pudo haber constituido un acto ilícito. Aunque la funcionaria aclaró que los contenidos en cuestión no comprometen la seguridad nacional ni la privacidad familiar, también dejó en claro que mantiene activa su denuncia penal, apoyada por la Fiscalía Federal, contra quienes presuntamente filtraron los audios de manera ilegal. La decisión llega en un contexto político de tensión, marcando un giro en la postura oficial tras recientes derrotas electorales en la provincia de Buenos Aires y en línea con la estrategia de apertura y revisión del rumbo gubernamental, incluyendo propuestas sociales y políticas de apoyo a diferentes sectores de la población.