La posible aceleración en la expulsión de inmigrantes indocumentados en EE.UU. aumentaría la necesidad de trabajadores agrícolas temporales con visas de invitado
Estados Unidos enfrenta una encrucijada que podría tener profundas implicaciones para su sector agrícola. La administración Trump, con su enfoque en reducir la inmigración ilegal, contempla medidas que afectarían directamente la fuerza laboral en los campos y huertos del país. Entre las opciones que se barajan está la posibilidad de aumentar las deportaciones de inmigrantes indocumentados que actualmente trabajan en la agricultura, una medida que podría generar una mayor demanda de visas temporales para trabajadores extranjeros.
El reciente proyecto de ley de impuestos y gastos promulgado el 4 de julio de 2025 incluye una inversión de 170 mil millones de dólares destinados a fortalecer los mecanismos de detención y deportación de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente un millón de estas personas trabajan en el sector agrícola, representando más del 40% de todos los trabajadores agrícolas del país. La expulsión de estos trabajadores plantea un reto significativo para los propietarios de granjas y empresas agrícolas, que dependen en gran medida de esta mano de obra.
Como alternativa, surge la opción de reemplazar a los trabajadores deportados con extranjeros que posean visas especiales que les permitan colaborar en las cosechas por un tiempo limitado. Estos programas, conocidos como “trabajadores invitados”, han existido durante décadas y actualmente operan mediante el programa de visas H-2A. Para 2023, más de 310 mil extranjeros, principalmente de México, fueron empleados a través de este sistema, que representa cerca del 13% del total de 2.4 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos.
La mayoría de estos trabajadores con visas H-2A son hombres que trabajan en estados como California, Florida, Georgia y Washington. Desde su creación en 1952, el sistema ha sido fundamental para la agricultura estadounidense, ya que permite a los empleadores solicitar visas en función de la demanda, sin un límite preestablecido. La emisión de estas visas depende únicamente de la solicitud de los empleadores que demuestran no poder cubrir sus necesidades con mano de obra local o legalmente residente.
Para proteger a los trabajadores estadounidenses, el gobierno establece que los trabajadores H-2A deben recibir una “tasa salarial de efecto adverso”, que varía según la región y oscila entre 10.36 dólares en Puerto Rico y más de 20 dólares en California, Alaska y Hawái. Estos salarios buscan evitar presiones a la baja en las remuneraciones de los empleados nacionales y garantizar condiciones laborales justas. Tras la certificación, los empleadores reclutan en el extranjero a los trabajadores, quienes reciben contratos que incluyen transporte y alojamiento, siempre y cuando completen sus periodos laborales.
El incremento en la emisión de visas H-2A ha sido notable en los últimos años, con un aumento de más de cinco veces en la cantidad de visas otorgadas desde 2010. En 2023, se emitieron 310,700 visas, reflejando una dependencia creciente del sistema para mantener la producción agrícola. Sin embargo, esta solución no está exenta de desafíos, ya que el proceso puede resultar costoso y burocrático, especialmente para las pequeñas granjas, y existe el riesgo de abusos y explotación laboral en el programa.
El debate sobre la política migratoria y su impacto en la agricultura continúa siendo central en la agenda del gobierno estadounidense. La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha pronosticado que en breve los propietarios de granjas encontrarán más fácilmente a ciudadanos estadounidenses dispuestos a trabajar en los campos. Ella afirmó que los nuevos requisitos laborales en Medicaid, incluidos en la misma legislación de inmigración, incentivarían a más estadounidenses a emplearse en labores agrícolas para mantener su cobertura de salud.
No obstante, los expertos y grupos agrícolas consideran que esta predicción es poco realista. La mayoría de los adultos inscritos en Medicaid que podrían trabajar ya lo hacen, y muchos otros tienen discapacidades o responsabilidades familiares que les impiden hacerlo. Además, los trabajos agrícolas son considerados físicamente exigentes y muchos de los potenciales trabajadores no viven en proximidad a las granjas, dificultando aún más su incorporación a la fuerza laboral agrícola.
En la década de 1990, los intentos de integrar a beneficiarios de programas sociales en labores agrícolas fracasaron, debido a la dureza de las tareas y la falta de interés. La propuesta más viable continúa siendo la expansión del programa H-2A, aunque Trump ha indicado en varias ocasiones que trabaja en un “pase temporal” para inmigrantes no autorizados que ya participan en la agricultura y en otros sectores como la hotelería.
El sistema de visas H-2A, establecido en 1952 y reformado en 1986, ha sido un pilar para la agricultura de Estados Unidos. No tiene límite en el número de visas que pueden otorgarse, ya que su emisión depende de la demanda de los empleadores. Para acceder a estas visas, las empresas deben demostrar que no pueden encontrar suficientes trabajadores estadounidenses o con permisos legales para cubrir sus necesidades. Además, el gobierno establece salarios mínimos para proteger a los trabajadores, que varían según la región y el tipo de cultivo.
El programa ofrece a los empleadores una fuerza laboral temporal, con salarios competitivos y alojamiento garantizado. La demanda de visas H-2A ha crecido exponencialmente en los últimos años, alcanzando en 2023 un total de 310,700 permisos, un incremento de más del 500% desde 2010. Esta tendencia refleja la creciente dependencia del sector agrícola en trabajadores temporales extranjeros.
A pesar de sus beneficios, el sistema presenta riesgos y desventajas. La supervisión de las condiciones laborales ha sido históricamente débil, y algunos casos de abusos y explotación han sido reportados, incluso condenados por las autoridades federales. La dependencia excesiva en trabajadores temporales también puede complicar la situación de quienes han construido vidas en Estados Unidos, enfrentando inseguridad laboral y riesgos de explotación laboral.
El aumento en la dependencia del programa H-2A genera preocupaciones sobre costos operativos y eficiencia. Transportar a trabajadores mexicanos cada temporada es costoso y complicado, y las regulaciones pueden ser engorrosas, especialmente para las pequeñas granjas. Algunos productores consideran que los salarios obligatorios y los requisitos del programa elevan los costos, dificultando la competitividad del sector agrícola estadounidense.
El debate en torno a las políticas migratorias y la fuerza laboral agrícola continúa siendo central en la agenda política. La posible expansión del programa de visas temporales, junto con las deportaciones masivas, plantea un escenario complejo, que requiere equilibrar la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad económica del sector agrícola en Estados Unidos.
