La operación revela el intento de suministro de armamento militar a una de las organizaciones criminales más peligrosas de México
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado cargos penales contra Peter Dimitrov Mirchev, ciudadano de Bulgaria, y tres individuos originarios de África, por su presunta participación en una conspiración para suministrar armas de grado militar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación detalla que, desde septiembre de 2022, Mirchev colaboró con Elisha Odhiambo Asumo, de Kenia; Michael Katungi Mpeirwe, de Uganda; y Subiro Osmund Mwapinga, de Tanzania, en un plan para proveer armamento avanzado a esta organización criminal mexicana, considerada una de las más activas y peligrosas en el continente americano.
Entre las armas y equipos que los acusados buscaban entregar al CJNG se encuentran ametralladoras, lanzacohetes, minas antipersonales, rifles de francotirador, visores nocturnos, drones y sistemas antiaéreos. Estas armas estaban destinadas a facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína desde México hacia Estados Unidos, consolidando así una red de tráfico de drogas de alto nivel. La acusación señala que los contactos de Mirchev creían estar negociando directamente con representantes del cártel mexicano, lo que evidencia la peligrosidad de la operación y su posible impacto en la seguridad regional.
Para ocultar el destino final del armamento, los acusados habrían utilizado un Certificado de Usuario Final falso, expedido por Tanzania. En uno de los casos, lograron exportar 50 rifles AK-47 desde Bulgaria, utilizando este documento fraudulento, en una operación que revela la sofisticación y el alcance internacional del tráfico ilegal de armas. La utilización de documentos falsificados y rutas encubiertas evidencia la complejidad de la red y su capacidad para evadir controles internacionales.
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Mirchev fue arrestado en Madrid, España, el 8 de abril de 2025, en una operación coordinada por las autoridades estadounidenses y españolas. Elisha Odhiambo Asumo fue detenido en Casablanca, Marruecos, en la misma fecha, mientras que Mwapinga fue capturado en Accra, Ghana, y posteriormente extraditado a Estados Unidos el 25 de julio. Por su parte, Michael Katungi Mpeirwe continúa en fuga, siendo buscado activamente por las autoridades. Los cuatro enfrentan cargos por conspirar para distribuir cocaína, traficar armas y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, clasificación que el gobierno de Estados Unidos le otorgó al CJNG en febrero de 2025, bajo la Ley de Nacionalidad e Inmigración y la Orden Ejecutiva 13224.
De acuerdo con registros judiciales, Mirchev tiene antecedentes en tráfico de armas, incluyendo vínculos previos con Viktor Bout, condenado en 2011 por delitos similares. Las autoridades estadounidenses estiman que Mirchev elaboró una lista de armamento para el CJNG cuyo valor aproximado alcanza los 58 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud y la escala del comercio ilícito que dirigía.
La investigación, liderada por la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA), contó con el apoyo de las fuerzas policiales de Grecia, Ghana, Marruecos y España. Este caso forma parte de la Operación Take Back America, una estrategia federal destinada a desmantelar redes criminales transnacionales que operan en múltiples países y que representan una amenaza para la seguridad regional y la integridad de las fronteras.
En un contexto más amplio, en 2021 México interpuso una demanda contra varias empresas armamentísticas de Estados Unidos, como Glock y Smith & Wesson, acusándolas de facilitar el flujo ilegal de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sin embargo, en junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó de manera unánime esta demanda, argumentando que México no logró demostrar que las empresas hubieran incitado activamente el venta ilícita de armas. El gobierno mexicano expresó su desacuerdo con la decisión y anunció que continuará explorando recursos legales y diplomáticos para frenar el tráfico ilegal de armas hacia su territorio.
El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México es uno de los principales factores que alimentan la violencia de los cárteles mexicanos, en particular en estados como Sinaloa y Jalisco. Se estima que ocho de cada diez armas incautadas en México están relacionadas con fabricantes estadounidenses o con rutas que cruzan Texas, Arizona y California. La reducción del presupuesto y de inspectores en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) durante la Administración Trump ha debilitado los controles en las fronteras, dificultando la lucha contra el tráfico ilícito de armas y permitiendo que estas organizaciones continúen operando con impunidad.
Este caso evidencia la dimensión internacional del problema y la necesidad de fortalecer la cooperación entre países para contrarrestar el comercio ilegal de armas y drogas, así como para desmantelar redes criminales que operan en múltiples jurisdicciones. La colaboración entre agencias de diferentes naciones resulta fundamental para frenar el flujo de armamento y reducir la violencia en México y la región.
