La decisión forma parte de negociaciones en curso con líderes del narcotráfico extraditados a territorio estadounidense
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que no buscará la imposición de la pena de muerte para los capos del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”. Esta decisión representa un avance en las negociaciones legales y procesales que involucran a estos líderes del crimen organizado, quienes enfrentan cargos por delitos relacionados con el tráfico de drogas en territorio estadounidense.
Medios nacionales informaron que, hasta la fecha, los fiscales de Estados Unidos han acordado no solicitar la pena capital para los tres principales líderes del narcotráfico. Aunque dos de ellos, Caro Quintero y “El Viceroy”, han logrado evitar que la Fiscalía demande la pena de muerte, aún existen dudas respecto al futuro legal de los otros casos vinculados a estos criminales. La decisión forma parte de un marco de negociaciones que podría facilitar acuerdos de culpabilidad y reducir las penas de los imputados.
En febrero pasado, se llevó a cabo una operación sin precedentes en la que México entregó a Estados Unidos a 29 capos de alto y medio rango del narcotráfico. Entre los extraditados se encontraban Rafael Caro Quintero, apodado “Don Rafa”; Vicente Carrillo Fuentes, conocido como “El Viceroy”; Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, y Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”. Todos ellos enfrentan cargos graves que, en algunos casos, contemplan la pena de muerte o cadena perpetua, debido a la gravedad de sus delitos en territorio estadounidense.
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A pesar de la magnitud de estos procesos, al menos dos de los extraditados, Caro Quintero y “El Viceroy”, han logrado evitar que la Fiscalía solicite la pena capital en su contra. La situación de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha sido diferente. En un documento fechado este martes y dirigido al juez Brian M. Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, los fiscales informaron que la Fiscalía General ha decidido no buscar la pena de muerte para Zambada.
Este anuncio indica que las negociaciones entre Zambada y las autoridades estadounidenses están en una etapa avanzada. El documento señala que la decisión se tomó después de que la fiscalía autorizara y determinara no solicitar la pena capital en su contra, lo cual podría facilitar un acuerdo de culpabilidad. La relevancia de esta decisión radica en que el exlíder del Cártel de Sinaloa fue detenido en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.
Durante su captura, Zambada llegó en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El detenido afirmó haber sido secuestrado por Guzmán para ser entregado a las autoridades estadounidenses. Su abogado, Frank Pérez, declaró que su cliente está dispuesto a declararse culpable de los cargos que se le imputan, siempre y cuando la Justicia estadounidense no solicite la pena de muerte.
Zambada enfrenta posibles condenas a muerte por al menos dos delitos, incluido el tráfico de fentanilo. La decisión de no solicitar la pena capital abre la posibilidad de que el capo mexicano acepte un acuerdo de culpabilidad, lo que podría reducir significativamente su condena. Pérez explicó que, en caso de que Estados Unidos no demande la pena de muerte, “El Mayo” estaría interesado en un acuerdo de culpabilidad.
Por otra parte, en un caso similar, Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín Guzmán y también extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago. La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos no han sido divulgados. Guzmán López renunció a un juicio al aceptar su responsabilidad en delitos de crimen organizado y tráfico de drogas en una audiencia celebrada en la corte de Chicago.
Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, también se encuentra detenido en Chicago y está negociando su declaración de culpabilidad con las autoridades. Estas negociaciones reflejan una tendencia en la estrategia judicial estadounidense para reducir las penas de los principales líderes del narcotráfico, mediante acuerdos que eviten procesos judiciales prolongados y arriesgados.
La decisión de no buscar la pena de muerte para Zambada y otros líderes del narcotráfico representa un cambio en la política de persecución penal, que podría afectar significativamente el esquema de justicia en casos de criminalidad organizada. La estrategia de las autoridades estadounidenses parece centrarse en la negociación y la obtención de confesiones, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad nacional y binacional.
