Estados Unidos impondrá fianza de hasta 15 mil dólares a turistas con altos índices de permanencia ilegal

Redacción
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Foto: Especial

El programa piloto busca incentivar el cumplimiento de las leyes migratorias y reforzar la verificación de antecedentes

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la implementación de una nueva medida que requerirá un depósito de hasta 15,000 dólares a solicitantes de visas de turismo provenientes de países con altos índices de permanencia ilegal. Esta disposición forma parte de un programa piloto que tendrá una duración de 12 meses y que busca fortalecer los controles migratorios y reducir las violaciones a la duración autorizada de las visas.

El Departamento de Estado publicó en el Registro Federal una notificación oficial en la que detalla el inicio de este programa, dirigido específicamente a solicitantes de las visas B-1 y B-2, destinadas a viajes de negocios o de placer. Aunque en esta fase aún no se ha divulgado la lista exacta de países afectados, se anticipa que el objetivo es enfocar esfuerzos en naciones con mayores tasas de incumplimiento en la permanencia en Estados Unidos.

De acuerdo con el documento oficial, los funcionarios consulares podrán exigir a los solicitantes que paguen una fianza que, en algunos casos, podrá alcanzar los 15,000 dólares, como condición previa para la emisión del visado. La medida busca crear un incentivo adicional para que los visitantes respeten los límites de tiempo establecidos en sus permisos migratorios.

Se estima que cerca de 2,000 solicitantes podrían enfrentarse a la obligación de pagar una fianza promedio de aproximadamente 10,000 dólares durante el programa piloto. El esquema contempla que, una vez que los extranjeros demuestren que no permanecerán en Estados Unidos más allá del período autorizado, podrán solicitar el reembolso total del monto entregado en concepto de fianza.

La Administración del presidente Donald Trump justificó esta medida señalando que en el año fiscal 2023, más de 500,000 personas excedieron el tiempo autorizado en sus visas, lo que representa un problema persistente para las políticas migratorias del país. La iniciativa pretende actuar como un mecanismo disuasorio para evitar incumplimientos y promover una mayor responsabilidad entre los solicitantes.

El programa forma parte de una serie de acciones que buscan reforzar la verificación de antecedentes y la identificación de posibles riesgos asociados a la inmigración irregular. En ese sentido, el gobierno estadounidense busca que los países de origen tomen medidas inmediatas para incentivar a sus ciudadanos a cumplir con las leyes migratorias, así como para mejorar los procesos de verificación de identidad y antecedentes criminales.

Esta iniciativa se suma a otras medidas adoptadas en julio pasado, en el marco de la llamada “gran y hermosa ley” de Donald Trump, que incrementó los costos asociados a la solicitud de visas. Entre ellas, se encuentra la introducción de una “tarifa de integridad de visa” de al menos 250 dólares, aplicable a todos los permisos de entrada como visitantes.

Asimismo, el gobierno estadounidense incrementó las tarifas para otros trámites migratorios. Por primera vez, los solicitantes de asilo deberán pagar una tarifa de 100 dólares, además de un cargo adicional de 100 dólares por cada año que su solicitud permanezca en trámite, buscando reducir los retrasos y las solicitudes pendientes.

En 2024, Estados Unidos emitió cerca de 11 millones de visas de no inmigrante, cifras que reflejan la magnitud del flujo migratorio hacia el país. La implementación de estas nuevas medidas busca, entre otros objetivos, fortalecer el control y la supervisión de los visitantes, reducir las permanencias ilegales y garantizar una mayor seguridad en los procesos migratorios.

Estas acciones representan un cambio significativo en la política migratoria estadounidense, orientada a incentivar el cumplimiento de las leyes y a reducir las irregularidades en la permanencia de extranjeros en territorio estadounidense. La medida del pago de una fianza es vista como un paso adicional para frenar el incumplimiento de los límites establecidos en las visas temporales y promover una mayor responsabilidad entre los solicitantes.

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