Joaquín Guzmán Loera solicita al juez que se respete su derecho a una defensa adecuada en EE. UU.
Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, redactó una carta desde la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado, Estados Unidos, el martes 5 de mayo. En este documento, el narcotraficante expresa su queja por la negativa de las autoridades penitenciarias para establecer comunicación con su nuevo abogado defensor y para recibir los documentos necesarios para su defensa legal.
El líder del Cártel de Sinaloa señala que, a pesar de que el juez Brian Cogan, responsable de su caso en la Corte del Distrito Este de Nueva York, autorizó hace tres semanas la comunicación telefónica con su abogado, Israel José Encinosa, aún no ha sido posible concretar dicho contacto. Guzmán Loera denuncia que las trabas del sistema penitenciario han impedido que se lleve a cabo la llamada y que tampoco se le ha permitido recibir visitas de su representante legal.
En su carta, Guzmán Loera detalla que desde el 6 de junio entregó dos cartas al abogado Encinosa con la finalidad de formalizar las comunicaciones. Además, fue informado por otro de sus abogados, José Refugio Rodríguez, que la autorización judicial ya existía. Sin embargo, las autoridades penitenciarias no han facilitado la realización de la llamada ni la visita solicitada, lo que genera una situación de bloqueo en sus derechos constitucionales.
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El narcotraficante afirma que ha realizado múltiples gestiones para solicitar al sistema penitenciario que permita el contacto con su nuevo defensor, sin obtener respuesta favorable hasta el momento. También señala que ha pedido al juez Brian Cogan que reitere su orden para que el abogado pueda visitarlo y comunicarse con él, pero las semanas transcurridas no han producido avances.
Guzmán Loera sostiene que esta falta de comunicación afecta gravemente su derecho a una defensa adecuada. En su carta, solicita de manera urgente que se obligue a las autoridades penitenciarias a facilitar el contacto con su abogado, particularmente en un momento en que intenta emprender nuevas gestiones legales desde la prisión.
Joaquín Guzmán Loera fue condenado en 2019 a cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y otros cargos en su calidad de líder del Cártel de Sinaloa. Actualmente cumple su sentencia en la prisión ADX Florence, conocida por sus estrictas medidas de seguridad y aislamiento. Desde su ingreso, ha denunciado en reiteradas ocasiones violaciones a sus derechos humanos y limitaciones para ejercer su defensa legal ante las autoridades estadounidenses.
Este episodio refleja las dificultades que enfrenta Guzmán Loera en el contexto de su proceso judicial en Estados Unidos, donde la comunicación con sus abogados es fundamental para garantizar un proceso justo y una adecuada defensa. La situación también evidencia las tensiones existentes respecto a los derechos de los presos en sistemas penitenciarios de alta seguridad, especialmente en casos de alto perfil como el suyo.
