La retención del buque Skipper por parte de Estados Unidos intensifica la tensión diplomática con Venezuela, en medio de sanciones y controvertidos traslados de crudo.
El 10 de diciembre, las autoridades de Estados Unidos llevaron a cabo la incautación del buque petrolero venezolano Skipper en aguas cercanas a Venezuela, en una operación que ha acentuado las fricciones entre ambos países. La acción forma parte de una estrategia estadounidense para interceptar embarcaciones involucradas en el transporte de crudo asociado a sanciones internacionales. La nave, que tiene antecedentes en traslados de petróleo pesado desde Venezuela, fue detectada transportando entre 1.6 y 1.8 millones de barriles, con un valor estimado superior a los 95 millones de dólares.
Este operativo contó con la participación de diversas agencias federales americanas, incluyendo el FBI y la Guardia Costera, que aseguraron el control del buque sin que se registraran enfrentamientos. La operación se realizó en un contexto donde el gobierno estadounidense ha intensificado sus acciones contra el comercio de hidrocarburos venezolanos, argumentando que los traslados de crudo violan sanciones internacionales y buscan dificultar el financiamiento del gobierno de Nicolás Maduro.
El Skipper, clasificado como VLCC (Very Large Crude Carrier), tiene una historia de operaciones bajo diferentes banderas y nombres, y había sido sancionado previamente en 2022 por su vinculación con redes internacionales que comercian petróleo en violación de las restricciones. Las investigaciones indican que la embarcación transmitió coordenadas falsas para evadir monitoreo, y su destino final parecía ser Asia, con escalas previas en Cuba y rutas en el Atlántico. La nave estaba controlada por una firma registrada en Nigeria, relacionada con empresarios rusos, y transportaba petróleo venezolano e iraní.
El gobierno venezolano rechazó la incautación, calificándola como una acción de presión que atenta contra sus activos en el extranjero. La Cancillería de Caracas anunció que tomará acciones diplomáticas y legales ante organismos internacionales, catalogando la acción estadounidense como una forma de “piratería”. La tensión se agudiza en medio de una crisis económica prolongada, que depende en gran medida de sus exportaciones de hidrocarburos y que se ve vulnerada por políticas de sanciones unilaterales. Además, expertos en energía advierten que estas medidas pueden alterar las rutas de transporte, afectar los volúmenes exportados y elevar los precios internacionales del petróleo, agregando incertidumbre al mercado regional y global.
Este incidente subraya la complejidad del escenario energético y político de Venezuela, donde las sanciones internacionales y las acciones unilaterales generan cambios en las dinámicas del comercio global de petróleo, afectando no solo a los involucrados directos, sino también a los precios y decisiones estratégicas del sector energético mundial.