NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. – La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, ha presentado un recurso de apelación ante una corte federal en Estados Unidos contra la sentencia de 38 años de prisión y la multa de 2 millones de dólares que le fueron impuestas tras ser declarado culpable de cargos de narcotráfico. Los abogados argumentan que el juicio estuvo plagado de graves irregularidades que vulneraron el derecho al debido proceso del exfuncionario.
El escrito de apelación, que consta de 78 páginas y está respaldado por 22 apéndices, fue formalizado el 18 de diciembre de 2025, justo en el último día del plazo concedido por la Corte, después de haber obtenido varias extensiones debido a dificultades de comunicación entre García Luna y su equipo legal, derivadas de traslados constantes entre penales e incomunicación.
Los abogados César de Castro y Valerie Gotlib han estructurado su argumentación en cinco puntos centrales, acusando que el proceso judicial quedó de manera “irremediablemente contaminado”, lo que, a su juicio, amerita la anulación o repetición del mismo. Entre las alegaciones se encuentran testimonios falsos o manipulados, ya que la defensa sostiene que varios testigos de la fiscalía ofrecieron declaraciones inconsistentes o falsas bajo juramento, incluyendo relatos de supuestos encuentros violentos que, según evidencia documental, nunca ocurrieron. Adicionalmente, acusan a la fiscalía de ocultar evidencia exculpatoria, es decir, documentos que podrían haber favorecido a García Luna, como revisiones de antecedentes o registros de interacciones con agencias de seguridad que no mostraban irregularidades.
La defensa también alega la negación de contrainterrogatorios clave, afirmando que el juez no permitió interrogar a testigos cooperantes sobre aspectos que pudieran cuestionar su credibilidad, lo que consideran una violación al derecho de confrontación de pruebas. Otro punto de la apelación se refiere a la inclusión indebida de evidencia patrimonial; la defensa señala que fotografías y descripciones de propiedades sin relación directa con los cargos fueron admitidas, lo que presuntamente generó un prejuicio ante el jurado. Finalmente, consideran que la sentencia y la multa impuestas son desproporcionadas, argumentando que la pena y la multa son excesivas en comparación con casos similares y que algunos hechos utilizados para justificar la condena no fueron probados de manera objetiva.