La Habana, Cuba. – La economía cubana atraviesa su peor crisis en 67 años de historia, marcada por una profunda escasez de alimentos, cortes de energía generalizados y un éxodo masivo de ciudadanos que buscan mejores oportunidades fuera de la isla. Expertos y residentes señalan que la situación actual es más grave que en episodios anteriores de dificultad económica, superando incluso al llamado ‘período especial’ de la década de 1990.
Los cubanos enfrentan una realidad donde las tarjetas de racionamiento, que antes garantizaban el acceso a productos básicos como arroz y frijoles, son ahora insuficientes, durando apenas diez días. Las tiendas estatales registran desabasto constante, obligando a muchos a depender de remesas del extranjero o del emergente sector privado, cuyos precios resultan inaccesibles para la mayoría de la población con salarios locales.
Los apagones, que pueden durar hasta 15 horas diarias en algunas zonas, agravan la crisis, afectando la conservación de alimentos y generando preocupación por la salud pública ante la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos. La falta de combustible complica aún más la logística, desde la recolección de basura hasta el transporte.
El gobierno cubano, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, ha atribuido en gran medida sus dificultades a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, economistas como Omar Everleny Pérez y Ricardo Torres señalan que la mala planificación y gestión interna también son factores determinantes. A pesar de los esfuerzos por reactivar la economía y priorizar la producción de alimentos y la eficiencia de las empresas estatales, el Producto Interno Bruto (PIB) ha registrado caídas significativas, y la inflación se mantiene elevada.
La situación se ve complicada por la disminución del apoyo petrolero de Venezuela, que antes sostenía a Cuba. La crisis económica ha desencadenado un éxodo sin precedentes: se estima que alrededor de 2.75 millones de cubanos han abandonado el país desde 2020, buscando un futuro más prometedor.
En medio de este panorama sombrío, han surgido voces, incluso dentro de la Asamblea Nacional, que abogan por una mayor apertura a la iniciativa privada y reformas económicas. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) han demostrado ser un salvavidas, aunque sus altos precios limitan su alcance. La brecha entre quienes reciben ayuda del exterior o ganan divisas y aquellos que dependen exclusivamente de salarios locales se amplía, dejando a una parte significativa de la población en situación de pobreza.