El gobierno implementa una reforma que trasladará los costos del mercado eléctrico a sectores industriales y consumidores, con un fuerte impacto en las tarifas y mayor volatilidad económica.
El gobierno de Argentina avanza en una profunda reforma del mercado eléctrico que promete transformar la estructura tarifaria del país. La medida central consiste en dolarizar las remuneraciones a las generadoras, eliminando gradualmente los precios regulados y trasladando la mayor parte del ajuste a los sectores industriales y comerciales, con incrementos cifrados en un promedio del 15% anual y picos superiores en invierno. La reforma divide el sistema en dos segmentos principales: uno para usuarios residenciales y pequeños consumidores, que conservarán tarifas reguladas, y otro para grandes usuarios, que podrán negociar directamente con las generadoras a precios en dólares vinculados al tipo de cambio.
Este cambio sustancial implica que los costos de generación dejarán de basarse en un costo medio para adoptar un modelo marginalista, en donde el precio se establece por la última central en despacho, generalmente la más cara, lo que puede disparar los costos totales del sistema. La dependencia del dólar aumenta, y cada devaluación o ajuste cambiario se reflejará rápidamente en el precio de la energía, generando una mayor volatilidad en las tarifas y un incremento en los gastos de hogares, pymes e industrias.
El impacto estimado por expertos indica que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, las facturas por gas y electricidad podrían experimentar aumentos superiores al 500%, afectando de manera significativa la economía familiar y productiva. Además, más de dos millones de hogares han perdido subsidios a la electricidad y gas, en medio de un escenario donde las tarifas en pesos se vuelven cada vez más insostenibles ante un mercado dolarizado. La situación confronta a Argentina con un riesgo cambiario elevado, ya que la dolarización de costos y contratos acentúa la vulnerabilidad del sistema ante shocks externos, además de reabrir el debate sobre litigios internacionales debido a incumplimientos contractuales por parte de empresas extranjeras.
La decisión de dolarizar el mercado eléctrico se enmarca en un contexto de crisis inflacionaria y déficit energético, donde las autoridades priorizan la estabilidad financiera del sistema, aunque a costa de elevar la carga tarifaria para sectores productivos. La iniciativa, que ha generado rechazo entre sectores políticos y académicos, profundiza las tensiones económicas y pone en duda la sostenibilidad a largo plazo del esquema energético argentino.