Cuatro señales que indican posibles investigaciones en curso contra el expresidente mexicano en EE. UU.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador continúa bajo un intenso escrutinio público, alimentado por la oposición y diversos medios de comunicación en México y Estados Unidos. La controversia se ha centrado en casos que presuntamente vinculan a miembros de su movimiento, Morena, con actividades relacionadas con el narcotráfico. Aunque López Obrador ha sido una figura polémica desde su llegada a la política, recientes revelaciones y acusaciones han reavivado las dudas sobre su posible implicación en delitos vinculados al crimen organizado.
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2024, en plena campaña electoral, cuando el medio estadounidense ProPublica publicó un informe que acusa un supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de 2006. Según esa investigación, grupos criminales habrían proporcionado recursos económicos a la campaña de López Obrador a cambio de recibir protección en caso de ganar la elección. Esta acusación, si se confirma, representaría un delito grave y un posible motivo para iniciar procesos judiciales en Estados Unidos.
Durante su mandato, López Obrador también fue objeto de críticas por parte de políticos estadounidenses, quienes le imputaron una aparente inacción frente a los cárteles mexicanos. Se le acusó de no coordinar esfuerzos con agencias de inteligencia y seguridad en EE. UU., e incluso de bloquear operaciones en territorio mexicano. Estos señalamientos aumentan las dudas sobre la posible existencia de vínculos que podrían ser utilizados en futuras investigaciones legales en el país vecino.
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El primer signo que alimenta la hipótesis de una posible acción judicial es la denuncia presentada por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Moreno solicitó una investigación penal en la Fiscalía General de la República contra López Obrador, y además anunció que promoverá una denuncia ante autoridades en Estados Unidos. El objetivo sería esclarecer presuntos vínculos con el crimen organizado y señalar supuestos actos de encubrimiento y corrupción por parte del exmandatario y otros funcionarios de Morena.
El dirigente priista acusa a varios gobernadores y exfuncionarios de Morena de estar vinculados con cárteles como el de Sinaloa, Noreste y Golfo. Entre los señalados están Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; además de exgobernadores como Adán Augusto López y Rutilio Escandón. La denuncia sostiene que estos actores habrían financiado campañas políticas y participado en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, en un contexto que agravó la crisis de violencia en México.
Un segundo indicio proviene de investigaciones abiertas por agencias de Estados Unidos. Tras la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán en la Corte de Brooklyn, se fortalecieron las sospechas sobre posibles vínculos entre López Obrador y grupos criminales. En su columna para El Financiero, Raymundo Riva Palacio señala que el mandatario mexicano podría tener al menos dos investigaciones en marcha, una en Brooklyn y otra en la sede de la CIA en Langley. La existencia de estas pesquisas explicaría, en parte, la preocupación de figuras internas en la política mexicana, como Claudia Sheinbaum, por el impacto que una posible imputación contra López Obrador pudiera tener en su movimiento.
El periodista también indica que el caso contra López Obrador es tomado con seriedad en círculos de poder en Estados Unidos. Particulares cercanos a Donald Trump, así como funcionarios del gobierno estadounidense, como el senador Marco Rubio y la fiscal Pam Bondi, mostrarían ciertas reservas y suspicacias respecto a las acciones del expresidente mexicano. Esto sugiere que, en caso de existir evidencias, las investigaciones podrían avanzar hacia procesos judiciales en territorio estadounidense.
El tercer signo de que López Obrador podría ser objeto de una acción legal en Estados Unidos es la postura del senador Marco Rubio. Durante la administración pasada, Rubio fue una de las voces más críticas contra López Obrador, acusándolo de “entregar el país al narcotráfico”. Actualmente, como uno de los actores políticos influyentes en la política estadounidense, Rubio habría promovido una iniciativa para investigar al exmandatario, basándose en declaraciones de capos mexicanos que estarían relacionados con la producción y exportación de drogas como el fentanilo. La recopilación de estos testimonios y evidencias permitiría, en un escenario favorable, presentar cargos formales.
Finalmente, un cuarto elemento que refuerza la posibilidad de que López Obrador enfrente la justicia en Estados Unidos es la existencia de investigaciones previas de la Administración para el Control de Drogas (DEA). En 2011, medios internacionales como ProPublica reportaron que la DEA investigaba al entonces candidato López Obrador, debido a que personas cercanas a su campaña de 2006 habrían recibido dinero del narcotráfico a cambio de protección. Aunque el caso fue clausurado en ese mismo año, las autoridades estadounidenses no descartaron en su momento la posibilidad de abrir procedimientos formales, y López Obrador negó cualquier vínculo con actividades ilícitas, calificando dichas acusaciones como infundadas.
Este complejo escenario plantea la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, López Obrador pudiera ser sometido a procesos legales en Estados Unidos, en función de las investigaciones en curso y las evidencias que puedan surgir. La relación entre el gobierno mexicano y las agencias extranjeras, así como la evidencia existente, serán determinantes en la evolución de estos indicios.
