Acapulco, Guerrero. – Socorro Cruz Guzmán ha pasado siete años buscando a su hijo, Jonathan Guadalupe Gil, quien desapareció a los 26 años en Acapulco, Guerrero. Jonathan fue detenido junto a un amigo por elementos de la policía municipal y nunca fue presentado ante ninguna autoridad ministerial, dejando un rastro oficial nulo desde el 5 de diciembre de 2018.
“Mientras yo no vea su cuerpo, para mí seguirá vivo”, reitera Socorro, quien se ha dedicado a buscar incansablemente a su hijo en cada rincón del destino turístico, a pesar de los riesgos y obstáculos. Como parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Acapulco, ella mantiene viva la memoria de su hijo y de otros ausentes.
Jonathan Guadalupe Gil, egresado de Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, habría cumplido 34 años este diciembre. Su madre, convencida de que la insistencia es la única forma de evitar que el caso caiga en el olvido, se define como “la piedra en el zapato de las autoridades de la fiscalía”.
La desaparición de Jonathan es un caso que resuena en un estado que atraviesa una crisis sostenida de personas desaparecidas, con Acapulco como su punto más crítico. Según reportes de la Red Lupa, hasta mayo de 2025, el puerto acumulaba alrededor de mil 200 personas desaparecidas. La mayoría de las víctimas se encuentran en el rango de edad de 15 a 34 años, el mismo al que pertenecía Jonathan.
Socorro Cruz Guzmán sostiene que la desaparición de su hijo no se explica sin la complicidad de las autoridades. Señala que a siete años de los hechos, no hay policías municipales detenidos, a pesar de que, según ella, siete agentes participaron en la detención de Jonathan y su amigo Carlos, quien días después fue localizado sin vida y con signos de tortura.
Transformando el centro de Acapulco en un espacio de memoria y denuncia, Socorro cuelga mantas con los rostros de desaparecidos. Ella calcula alrededor de 200 personas ausentes solo en este destino turístico, una cifra que, asegura, sigue creciendo. Considera que la desaparición de su hijo evidencia la ausencia de prevención del delito, pues fueron los mismos policías preventivos quienes, tras un partido de fútbol, privaron ilegalmente de la libertad a Jonathan y a su amigo.
Sus intentos por obtener justicia, incluyendo conversaciones con la entonces alcaldesa Adela Román Ocampo, no dieron frutos significativos. Socorro señala la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y del fiscal regional, a quienes acusa de desatender el caso, desaparecer pruebas y no llamar a declarar a los policías involucrados. Su lucha se mantiene firme: buscar a su hijo y evidenciar la omisión de quienes debían investigar su desaparición.
“Vivimos en un estado de indefensión”, afirma Socorro Cruz Guzmán con la voz quebrada. Ni siquiera la Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudo brindarle ayuda o emitir una recomendación para investigar la desaparición forzada de Jonathan. Fragmentos de la carpeta de investigación revelan la existencia de un testigo que señalaría directamente a los policías municipales, pero este nunca fue presentado, y poco después, las pruebas desaparecieron del expediente.
El temor se ha instalado entre la población de Acapulco desde aquel 5 de diciembre de 2018. Hoy, la simple vista de una patrulla genera miedo, reflejando la ruptura de la confianza en las autoridades y el eco de una madre que, tras siete años, continúa buscando a su hijo y exigiendo una respuesta a la justicia.