Colectivos exigen transparencia en el proceso de selección del nuevo titular del organismo
La renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda fue considerada por diversos colectivos como una decisión inevitable y necesaria para avanzar en la atención a las víctimas de desaparición forzada y forzada en México. Desde que fue designada en 2019, Reyes Sahagún enfrentó críticas por la percepción de que su nombramiento no contó con la suficiente legitimidad, ya que su gestión no cumplió con las expectativas de los familiares y organizaciones que demandan acciones concretas.
Martínez Corrales, quien desde 2010 busca a su hermana Yatzil, desaparecida en Acapulco, Guerrero, afirmó que los colectivos siempre pedían la renuncia de Reyes Sahagún y que, en varias ocasiones, habían señalado que la imposición del cargo no era avalada por la sociedad civil. La salida de la titular se dio un mes antes de que concluyera su periodo, lo que generó expectativas sobre una posible renovación en la institución.
Este mismo semana, la Secretaría de Gobernación iniciará el proceso para elegir al próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo creado en 2019 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora, los dos anteriores titulares, Karla Quintana y Teresa Reyes Sahagún, renunciaron antes de terminar sus periodos, evidenciando la crisis de liderazgo en la institución. Los colectivos de búsqueda reconocen que la salida de Reyes no se dio únicamente por la presión social, pero consideran que la transición representa una oportunidad para definir un perfil que ofrezca soluciones efectivas ante la crisis de desapariciones en el país, que actualmente suma 91 casos diarios.
Seguir leyendo
El movimiento por los derechos de las víctimas ha insistido en que no se trata solo de combatir delitos como el robo a vivienda o vehículos, sino de garantizar la vida y la integridad de las personas desaparecidas y sus familias. Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, enfatizó que la Comisión no debe ser una institución para aprender, sino un organismo que requiere de expertos con conocimientos sólidos en derechos humanos, ciencias forenses y investigación criminal. La sensibilidad y empatía hacia las víctimas son aspectos prioritarios en el perfil del próximo responsable.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el titular de la Comisión es nombrado y removido por el presidente de la República, a propuesta de la Secretaría de Gobernación. Entre los requisitos para el cargo se incluyen no haber sido dirigente en algún partido político en los dos años previos, contar con experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente tener conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal.
Tras la renuncia de Reyes Sahagún, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se busca el mejor perfil para la institución, en línea con las necesidades de las víctimas y la sociedad civil. Sin embargo, Yoltzin Martínez, representante de colectivos, advirtió que existe un temor profundo entre las familias buscadoras de que el proceso de selección sea poco transparente y que el gobierno vuelva a designar a un perfil cercano al poder. La falta de confianza en la transparencia del proceso refleja una preocupación constante por la posible imposición de candidatos que no respondan a las necesidades reales de las víctimas.
Los colectivos exigen que la consulta para la elección del nuevo titular sea amplia, pública y transparente. La convocatoria debe estar traducida a lenguas indígenas y difundida de manera generalizada, para garantizar la participación de organizaciones y familiares. Además, la evaluación del perfil debe considerar no solo conocimientos técnicos, sino también sensibilidad y empatía hacia las víctimas, cualidades esenciales para afrontar la crisis de desapariciones en México.
Fernández subrayó que el proceso no debe ser apresurado y que la selección debe basarse en criterios claros, con lineamientos bien definidos sobre cómo se califica y evalúa a los candidatos. La participación abierta y la inclusión de diversos actores sociales son fundamentales para garantizar una elección justa y que realmente represente los intereses de las familias afectadas.
