La aprobación rápida en el Congreso genera preocupación por posibles liberaciones anticipadas y riesgos a la seguridad pública.
Una reciente iniciativa legislativa en México, aprobada en un proceso acelerado por la Cámara de Diputados, ha generado controversia al modificar las sanciones por extorsión. La propuesta contempla reducir las penas de prisión, que en algunos casos podrían ser de 6 a 15 años, lo que podría facilitar la liberación de sentenciados en estados con penas más altas, como Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Morelos. Actualmente, en Chihuahua, hay aproximadamente 150 personas condenadas por extorsión, mientras que en los otros cuatro estados la cifra supera las 500 personas, quienes podrían beneficiarse de la ley y recuperar su libertad antes de lo previsto. La reforma también incluye una propuesta para disminuir las sanciones a servidores públicos que omitan denunciar estos delitos. Tras más de diez horas de discusión, la iniciativa fue aprobada con una amplia mayoría en la Cámara, aunque algunos legisladores expresaron inquietudes sobre los posibles efectos sociales. La oposición argumenta que la medida puede favorecer a criminales y disminuir la percepción de justicia. En medio del debate, algunos líderes, como el coordinador de la bancada oficialista, reconocieron el riesgo, pero solicitaron votar a favor de la propuesta en un intento de avanzar en el proceso legislativo. El paso a la siguiente etapa en el Senado implica que estas modificaciones puedan aplicarse en breve, generando atención en las autoridades de seguridad y la población, preocupadas ante la posible liberación de individuos peligrosos vinculados a delitos de extorsión y otros ilícitos similares.