La gobernadora de Guerrero impulsa la justicia con inversión de 16.1 millones de pesos
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró oficialmente la nueva sede del Juzgado de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tabares en Acapulco, Guerrero. La inversión destinada a esta infraestructura fue de 16.1 millones de pesos, recursos que beneficiarán a la población de Acapulco, Coyuca de Benítez, Las Vigas y San Marcos. Este acto reafirma el compromiso del gobierno estatal con la consolidación de un Estado de Derecho sólido, donde la justicia y las instituciones responsables sean pilares fundamentales.
Durante el acto, la mandataria afirmó que “cuando la justicia se fortalece, Guerrero se consolida como un verdadero Estado de Derecho, con instituciones sólidas, con instituciones que responden, con leyes que se cumplen y con un gobierno que hace valer la ley”. En su participación estuvo acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval, quien resaltó la importancia de esta obra para la justicia en la región.
Salgado Pineda enfatizó que existe un compromiso firme y una convicción clara para garantizar que el acceso a la justicia sea un derecho efectivo para todos los ciudadanos. La política del gobierno en este rubro contempla la mejora de la infraestructura institucional en todos los niveles, además de promover los Derechos Humanos y asegurar que la ley se cumpla con imparcialidad. La inversión en infraestructura y tecnología busca que la justicia no quede en el papel, sino que se ejerza con responsabilidad y sentido humano.
La gobernadora también declaró que desde su administración continuará trabajando en coordinación con los Tres Poderes del Estado, respetando la autonomía de cada uno, pero enfocando esfuerzos para el bienestar de Guerrero. La colaboración institucional es vista como un elemento esencial para fortalecer la justicia y garantizar que la población reciba servicios judiciales de calidad y con eficiencia.
Por su parte, Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Tribunal Superior de Justicia, agradeció el apoyo de la gobernadora para la consolidación de esta obra, que representa un avance significativo hacia una justicia más humana y eficaz. Subrayó que la apertura de este juzgado no solo responde al mandato constitucional de garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad por sentencia judicial, sino también a un compromiso institucional por transformar la justicia.
El magistrado detalló que la nueva sede cuenta con dos salas para audiencias orales y oficinas administrativas, equipadas con tecnología moderna que permite atender las necesidades actuales del sistema judicial. La infraestructura fue diseñada para facilitar un funcionamiento eficiente, con los recursos necesarios para garantizar la operatividad y la correcta administración de justicia.
Tras la ceremonia, la gobernadora realizó un recorrido por las instalaciones, donde pudo constatar la adecuación de las salas, las áreas administrativas y la instalación del mobiliario y equipo tecnológico. La develación de la placa inaugural fue el acto que dio por formalizada la apertura de la sede, en un acto que contó con la presencia de diversas autoridades locales y representantes del sector jurídico.
Acompañaron a Evelyn Salgado en la ceremonia el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Jesús Parra García; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Josué Barrón Sevilla; la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; así como el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, y otros funcionarios, además de representantes de asociaciones y barras de abogados, jueces y personal jurisdiccional y administrativo.
Este proyecto representa un paso importante en la modernización del sistema judicial en Guerrero, con una infraestructura que fortalece la capacidad operativa y garantiza un servicio más eficiente y humano. La inversión y las acciones del gobierno estatal en materia de justicia reflejan un compromiso con la dignidad humana, la legalidad y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.
