Colectivos y organizaciones sociales cuestionan la viabilidad, transparencia y riesgos del proyecto ante autoridades y la ciudadanía
Este miércoles se llevó a cabo en Querétaro la audiencia pública ciudadana relacionada con el proyecto Sistema El Batán, una iniciativa que ha generado un amplio debate entre colectivos, organizaciones sociales y las autoridades estatales. La reunión, que se realizó en un ambiente de cuestionamientos, propuestas y manifestaciones, sirvió como un espacio de diálogo directo entre la ciudadanía y los funcionarios responsables del proyecto.
Durante el evento, los representantes de diversas organizaciones entregaron peticiones y propuestas específicas a las autoridades estatales, quienes se comprometieron a analizarlas y darles respuesta en un plazo de 30 días, conforme a lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana. La presencia de la ciudadanía evidenció la preocupación generalizada respecto a los posibles riesgos y la transparencia del proyecto, que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.
Una de las intervenciones más relevantes fue la de Mar Marín, del colectivo Netas Ciudadanas, quien criticó la ausencia del gobernador Mauricio Kuri en la audiencia y señaló que la falta de su participación genera dudas sobre la legitimidad y viabilidad de la propuesta. Marín afirmó que “en nuestro análisis la iniciativa Sistema El Batán genera temor por sus riesgos a la salud, y dudas por la prisa con la que se busca aprobarla, así como por la propaganda de miedo que la acompaña”.
Marín también solicitó formalmente un plan integral comparativo y prospectivo del proyecto, exigiendo una evaluación exhaustiva y transparente. La organización espera una respuesta oficial en un plazo no mayor a 30 días, en línea con los procedimientos legales aplicables.
Por su parte, Francisco Landa, de la organización Awuita, Vida y Territorio, advirtió que el proyecto implica un sobrecosto elevado, ya que, aunque el gobierno no adquirirá deuda directa, el esquema financiero terciariza la inversión a través del sector privado. Señaló que “el privado aportaría solo 2 mil millones de pesos de capital propio, pero para completar la inversión contrataría un crédito por más de 9 mil millones, y además, el Estado tendría que pagar al privado para que este le pague al banco”. Esto significa que, en caso de falla del privado, no hay claridad sobre las acciones a seguir por parte del Estado, lo que genera un riesgo considerable en términos de gestión y financiamiento.
Landa también cuestionó la comparación que se realiza entre Querétaro y otros países para justificar el proyecto, señalando que dichas comparaciones no son pertinentes ni justifican la magnitud de la inversión ni los riesgos asociados. Agregó que “el privado arriesga poco y gana mucho, mientras que el Estado arriesga todo, incluyendo el abasto del agua y la salud pública”.
Otra voz relevante fue la de Daniela Urbiola, del colectivo Justicia Digna, quien criticó la eficiencia del proyecto, argumentando que más de la mitad del agua se pierde en fugas y que la iniciativa solo contempla atender aproximadamente el 1% del agua en un año. Urbiola calificó la propuesta como una “obra faraónica o de relumbrón” que no responde a soluciones democráticas, ya que no considera alternativas como reducir fugas, disminuir el consumo industrial, dignificar el campo o captar agua de lluvia.
Urbiola añadió que el proyecto favorece a un privado con ganancias millonarias a costa del derecho al agua de la población, además de que evade el control social y democrático. “Se presenta como una panacea, pero no ha demostrado la existencia de alternativas eficaces”, afirmó, insistiendo en que la iniciativa carece de una verdadera participación ciudadana.
En su intervención, Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, reconoció que el problema de las fugas en el sistema hídrico no es sencillo y que se está trabajando en ello. Explicó que, aunque se considera que el 41% del agua se pierde por fugas, en realidad hay otros factores como el clandestinaje y la mala medición que contribuyen a esas cifras. Vega Ricoy informó que, en los primeros siete meses del año, lograron reparar el 92% de las fugas en menos de 24 horas, logrando un ahorro de casi 2 mil millones de litros de agua.
Asimismo, defendió el proceso de democratización del proyecto, asegurando que la decisión final corresponde al Poder Legislativo, integrado por legisladores electos democráticamente. Antonio Rangel Méndez, secretario de Planeación y Participación Ciudadana, quien moderó la sesión, resaltó la importancia de este ejercicio de diálogo entre ciudadanía y autoridades.
Por otro lado, Arturo Cevallos Molina, líder del proyecto Sistema El Batán, aclaró que la parte técnica del proyecto aún no está concluida, pero que se contemplan caracterizaciones y pruebas piloto. Recalcó que actualmente no existe una norma específica para el reuso de agua, lo que representa una oportunidad para que la sociedad, en colaboración con el gobierno, trabaje en paralelo en esta área.
Lucero Durán Arias, secretaria técnica de la Secretaría de Finanzas, explicó que la asociación público-privada (APP) ha sido utilizada en todo el país y está regulada por la Ley de Disciplina Financiera. Aseguró que se analizaron todas las opciones de financiamiento y que, en su momento, se descartó la contratación de deuda para el proyecto.
Finalmente, Ricardo Javier Torres Hernández, subsecretario del Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, manifestó su compromiso de trabajar en un diagnóstico integral de la situación hídrica del estado y coincidió en que la prueba piloto es fundamental y deseable para la implementación del proyecto. Anunció además la creación de un laboratorio dedicado a detectar contaminantes emergentes, en línea con los avances previstos en el proceso.
El ejercicio de audiencia pública evidenció la voluntad de los ciudadanos de participar activamente en decisiones que impactan el recurso hídrico y la salud pública, mientras que las autoridades reiteraron su disposición a analizar las propuestas y fortalecer la transparencia en la gestión del proyecto.
