Celaya, Guanajuato. – Verónica Durán Lara, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, denuncia haber sido excluida de la reparación del daño por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato (CEAIV), pese a haber sufrido detención y violencia en una protesta pacífica el 10 de julio de 2020.
La manifestación se llevó a cabo en la Glorieta de Santa Fe con el objetivo de exigir una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la reposición del Comisionado Estatal de Búsqueda. Durante la intervención de las Fuerzas de Seguridad Pública, al menos cinco personas resultaron lesionadas y se detuvo a cinco manifestantes, incluidos Durán y otros familiares de desaparecidos.
Durán recordó cómo fue golpeada y criminalizada por autoridades en la protesta. Aunque fue liberada unas horas después, la investigación en su contra fue archivada en 2020. Un año más tarde, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato reconoció el uso de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias durante la represión.
En 2024, Durán fue informada sobre la reparación a víctimas, pero al acudir a la Comisión de Víctimas, descubrió que su nombre no figuraba en la lista de personas a indemnizar. La buscadora expresó su indignación al notar que otros, como un observador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sí fueron reconocidos. Su exclusión, argumenta, se debió a un documento que nunca le fue notificado.
El impacto de la represión en la vida de Durán ha sido profundo. Perdió su trabajo poco después de la protesta, lo que complicó su situación económica, ya que su hijo, desaparecido desde 2019, era su principal apoyo. Exigió a las autoridades una revisión de su caso y un reconocimiento igualitario con sus compañeras.
Un juez decidió reabrir la investigación relacionada con la represión en agosto de 2025, sin embargo, el caso aún no cuenta con una resolución definitiva.