Manifestantes en Gómez Palacio exigen atención a hostigamientos y denuncian extorsiones por parte de CATEM
Este lunes 4 de agosto, diversos grupos de transportistas y productores realizaron una manifestación en la salida de Gómez Palacio, duramente afectados por el hostigamiento de organizaciones vinculadas a CATEM. La protesta se concentró en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, donde colocaron varias pancartas en los cruceros y en camiones que transitaban por la zona, expresando su rechazo a las prácticas de extorsión que enfrentan.
En los textos exhibidos, los manifestantes señalaron específicamente al gobernador Esteban Villegas como parte del problema. Una de las pancartas más visibles decía: “Presidenta, el gobernador Esteban Villegas es parte del problema, no es la solución”. Además, manifestaron su rechazo a las extorsiones por parte de CATEM, exigiendo que cesen dichas prácticas ilícitas.
Desde noviembre de 2024, los transportistas han reclamado una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin haber sido atendidos hasta la fecha. La falta de respuesta oficial ha generado un aumento en su rechazo hacia las instituciones y las autoridades locales, que consideran no han tomado las acciones necesarias para detener las extorsiones.
Los testimonios de los afectados revelan que han sido víctimas de hostigamiento constante. Los transportistas aseguran que organizaciones vinculadas a CATEM les exigen un porcentaje económico para poder operar en la región, bajo amenazas y condiciones que vulneran su actividad. Estas condiciones incluyen amenazas directas y presiones para pagar cuotas ilegales, en un contexto de violencia y riesgo para su integridad física y económica.
Las denuncias no son exclusivas de los transportistas. Productores agrícolas también manifestaron haber sido objeto de extorsiones similares, lo que agrava aún más la problemática en la región. La presencia de estas organizaciones ilícitas y su influencia en diferentes sectores económicos generan una situación de inseguridad y desprotección para quienes trabajan en la zona.
La situación ha llevado a una percepción generalizada de complicidad o negligencia por parte de las autoridades locales, en particular del gobernador Esteban Villegas. Los manifestantes consideran que su gestión no ha logrado frenar estas prácticas, y en algunos casos, lo señalan como parte del problema. La falta de acciones concretas ha profundizado el malestar entre los afectados, quienes exigen soluciones inmediatas y efectivas.
Este enfrentamiento social refleja la gravedad del fenómeno de la extorsión en la región, que afecta no solo a los transportistas, sino también a diversos sectores productivos. La necesidad de una intervención federal y estatal se vuelve imperativa para garantizar la seguridad y el derecho a la operación de los trabajadores y productores.
Mientras tanto, las protestas continúan, y la demanda por justicia y protección se mantiene vigente. La población afectada espera que las autoridades respondan de manera efectiva, dejando atrás las declaraciones y acciones insuficientes, y actuando para erradicar las prácticas ilícitas que amenazan la estabilidad económica y social de la región.
