La empresa asignada utiliza una dirección falsa y conexiones sospechosas, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso de adjudicación y su transparencia.
Recientemente surgieron indicios de posibles irregularidades en la reubicación del emblemático monumento Los Tubos, en San Pedro Garza García. La firma encargada del proyecto fue registrada en una dirección que, tras verificaciones, corresponde a un taller mecánico y no a una constructora, como indica el contrato oficial. Este dato levanta sospechas sobre la veracidad del proceso de adjudicación y la integridad del procedimiento.
El contrato, por un monto cercano a los 9.9 millones de pesos, fue otorgado a una empresa llamada Urbanismos Rosales, con sede en una dirección que, en realidad, corresponde a un negocio de venta de llantas en Guadalupe. Asimismo, se detectó que la dirección real de la compañía se ubica en otra colonia, lo que sugiere posible manipulación de datos en los documentos oficiales. La empresa fue constituida en 2008 y está representada por Julián Alberto Vega García.
Fuentes cercanas a la adjudicación indican que el proceso pudo haber sido manipulado para favorecer a ciertos actores mediante la utilización de empresas prestadas, en un esquema que implicaría una forma de fraude. Aunque se asegura que la licitación fue pública y presencial, evidencias apuntan a una posible simulación de competencia, con el fin de adjudicar el contrato a una firma preferida.
El proyecto forma parte de una obra mayor para construir un distribuidor vial en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, y está vinculado a una segunda obra contratada por más de 28 millones de pesos, ejecutada por otra empresa. La situación genera cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos y la legalidad de las adjudicaciones en obras de infraestructura urbana.