Algunos postulantes derrotados han sido ubicados en posiciones clave del sistema judicial, generando cuestionamientos sobre transparencia y mérito.
La estructura del Poder Judicial en México ha evidenciado casos en los que candidatos que no lograron obtener una posición a través de la elección judicial han sido incorporados a funciones de alta responsabilidad, lo que ha suscitado críticas sobre los procesos de selección y favoritismos. La reforma judicial de 2024 contempla que quienes participaron en procesos electorales internos y no resultaron electos no adquirir automáticamente cargos ni funciones judiciales. Sin embargo, algunos de estos candidatos han sido asignados a puestos estratégicos en órganos administrativos y tribunales del federal y local, mediante decretos y nombramientos en los últimos meses.
Un ejemplo destacado es el caso de una exjueza que, tras perder en la elección del 1 de junio, fue designada en funciones de magistrada en un tribunal colegiado en Toluca, a partir de septiembre. Esta situación generó cuestionamientos por parte de algunos actores del sector judicial, quienes argumentan que la asignación fue política y no basada en méritos claros. Además, otras candidatas cercanas a actores influyentes han sido nombradas en órganos administrativos, como el Órgano de Administración de Justicia, a pesar de no haber obtenido los votos necesarios en la elección. La incorporación de estos personajes en puestos de decisión, en medio de un proceso que debería priorizar la meritocracia, pone en duda la transparencia del sistema y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la reforma judicial. Expertos señalan que, si bien la ley permite futuras postulaciones, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de evaluación y establecer criterios claros para garantizar la equidad y transparencia en la designación de cargos judiciales.