La seguridad del edil Juan Miguel Ramírez se ha visto afectada por amenazas directas y actos de intimidación, fortaleciendo su colaboración con las fuerzas federales.
En los últimos meses, el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez, ha enfrentado amenazas de carácter grave que han puesto en peligro su integridad y la de su equipo de trabajo. Se reportó que desconocidos dejaron balas en los vehículos oficiales utilizados por el ayuntamiento, afectando tanto a Ramírez como a funcionarios de áreas como Desarrollo Urbano y Fiscalización. Este acto de intimidación refleja un contexto de presión que, según el alcalde, podría estar vinculado a actividades del crimen organizado, aunque también existen otros intereses en juego.
Ramírez, quien asumió el cargo con la conciencia de los posibles riesgos que enfrentaría, decidió hacer públicas las amenazas y reforzar las medidas de seguridad. La colaboración con instancias federales, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido fundamental para garantizar su protección y continuar con sus labores públicas. La situación en Celaya evidencia los desafíos que enfrentan los líderes locales en regiones donde la presencia del crimen organizado puede incidir en la política y la seguridad pública, requiriendo una respuesta coordinada y efectiva para garantizar la estabilidad social.
Este escenario subraya la importancia de fortalecer las estrategias de protección a funcionarios públicos en zonas vulnerables y la necesidad de abordar el fenómeno de la violencia desde una perspectiva integral que involucre a instituciones de los diferentes niveles de gobierno.