Cómo el gobierno prioriza un caso emocional para desplazar temas de alta complejidad y riesgo institucional
En los últimos días, el gobierno de Morena ha intensificado la difusión de un caso judicial que, si bien tiene sus propios méritos, no representa la gravedad de otros asuntos que afectan la estabilidad institucional del país. La historia de la llamada “Caja China” se ha convertido en un instrumento para desviar la atención pública y mediática, ocupando los titulares y generando debates centrados en un tema emotivo y fácil de manipular.
Este enfoque estratégico permite al régimen capitalizar un error judicial, presentando la situación como una muestra de redención y respeto a los derechos humanos. La narrativa oficial lo ha convertido en un símbolo de lucha contra la injusticia, exhibiéndolo como un trofeo moral que busca fortalecer su imagen ante la opinión pública. Sin embargo, la realidad es que esta maniobra distrae de asuntos mucho más graves y complejos que afectan la seguridad y la justicia en México.
Mientras tanto, el calendario no miente. La apertura de la “Caja China” coincide con declaraciones del expresidente Donald Trump acerca de supuestos vínculos inconfesables entre políticos de Morena y el narcotráfico. Además, en ese mismo periodo, el gobierno enfrenta tensiones por una política arancelaria que pone en jaque la economía nacional. La élite morenista, por su parte, continúa evidenciando una doble moral, con viajes de lujo a destinos como Tokio, Madrid, Ibiza, Venecia, Capri y Milán, rompiendo su propio decálogo de austeridad.
Desde Palacio Nacional, se muestra una evidente preocupación por lo que pueda venir, mientras se intenta mantener la narrativa del control y la moralidad oficial.
Un caso que debería tener mayor protagonismo por su gravedad es el de La Barredora. Documentos filtrados del Ejército revelan cómo esta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación operó impunemente en Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López. La evidencia no es meramente sospechosa; se trata de informes de inteligencia y audios en los que operadores criminales se refieren a López con el alias de “El Tío” y celebran su supuesta influencia sobre la Guardia Nacional. Incluso, se señala al jefe de seguridad estatal, conocido como “Comandante H”, como líder y fundador de la organización criminal.
En una democracia sólida, estos hechos serían motivo de una crisis política de gran magnitud.
El caso Vector también resulta sumamente inquietante. Una institución financiera vinculada a uno de los hombres más cercanos a López Obrador ha sido señalada como un canal para operaciones de lavado del Cártel de Sinaloa. Además, se sospecha que dicha institución triangulaba fondos para la adquisición de insumos químicos en China, destinados a la producción de fentanilo. No se trata de meros rumores: las acusaciones están respaldadas por información documentada que involucra a empresarios y políticos que mantuvieron estrechos lazos con el expresidente durante su sexenio.
Por si fuera poco, el caso de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha escalado a niveles que podrían tener implicaciones aún más profundas. En 2023, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial que detalla operaciones del Cártel de Sinaloa y expone posibles protecciones políticas en México durante el sexenio pasado. Testimonios, acuerdos con fiscales y pruebas de inteligencia estadounidense podrían implicar a funcionarios en activo o a figuras relevantes de Morena, poniendo en jaque la narrativa oficial y exponiendo el grado de infiltración criminal en las instituciones mexicanas.
En medio de estos casos, ¿qué papel juega Vallarta? Aunque se trata de un expediente judicial antiguo, marcado por abusos y errores procesales, su relevancia en comparación con los otros asuntos es mínima. Sin embargo, el gobierno ha decidido potenciar esa historia, porque conmueve, divide opiniones y, sobre todo, desplaza la atención hacia un tema que puede ser manipulado fácilmente. La estrategia consiste en convertir un caso de bajo impacto en un símbolo de injusticia, logrando así que la opinión pública se enfoque en un relato emocional en lugar de los asuntos de fondo.
Este patrón no es nuevo. Cuando el poder se ve amenazado, recurre a casos de alto impacto emocional para cambiar el centro de la atención y distraer a la ciudadanía. Actualmente, la narrativa oficial invita a cuestionar si Vallarta era inocente, desviando así la atención de temas mucho más peligrosos, como la narcopolítica, las redes de protección internacional y las infiltraciones en las instituciones de seguridad. La verdad es que, mientras la opinión pública se conmueve con la historia del secuestrador convertido en víctima, los asuntos reales que amenazan la estabilidad del país permanecen en la sombra.
La estrategia del gobierno es clara: usar un caso mediático para crear una cortina de humo, mientras los temas verdaderamente peligrosos se diluyen en la agenda pública. Así, se logra ganar tiempo y mantener el control, ocultando la realidad detrás de un telón mediático. La “Caja China” vuelve a abrirse, demostrando que, en política, la distracción es una herramienta fundamental para sobrevivir en tiempos de crisis y amenazas institucionales.
