La normativa establece lineamientos claros para la atención y protección de mujeres en situación de violencia en el Estado de México
La Secretaría de las Mujeres del Estado de México ha publicado un nuevo Modelo de Atención para los Refugios destinados a Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, con el objetivo de normar los procedimientos de ingreso, permanencia y egreso de las personas usuarias. Esta normativa también especifica los servicios especializados que deben ofrecerse en estos espacios, garantizando una atención integral y de calidad para quienes enfrentan violencia de género.
Este modelo se enmarca en un contexto donde, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, el 78.7% de las mujeres mexiquenses reportaron haber sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida. De ellas, el 57% sufrió violencia psicológica, el 60.7% violencia sexual, el 41.5% violencia física y el 27.1% violencia económica o patrimonial. Estos datos reflejan la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección y atención.
El documento, publicado en la Gaceta de Gobierno, destaca que las principales agresiones hacia las mujeres ocurren en el ámbito familiar y de pareja. Estos espacios, por ser de confianza e intimidad, suelen permitir que la violencia quede sin regulación, lo que favorece su normalización e invisibilización. Por ello, la existencia de refugios y programas especializados resulta fundamental para atender estas situaciones y brindar protección efectiva.
Actualmente, la entidad cuenta con ocho refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, además de dos casas de transición y un refugio exclusivo para personas de la diversidad sexual víctimas de violencia. La finalidad principal de estas instalaciones es salvaguardar la vida e integridad de quienes han sufrido algún tipo de violencia extrema, especialmente cuando esta ocurre dentro del núcleo familiar.
El Modelo de Atención establece que los refugios deben ofrecer servicios especializados que incluyen hospedaje, alimentación, vestido y calzado, así como atención médica o de enfermería. Además, se contempla la asesoría y el acompañamiento legal, además de atención psicológica y trabajo social, con el fin de brindar un apoyo integral para la recuperación de las víctimas. También se promueve la vinculación con programas educativos y de capacitación laboral, que incluyen clases de preescolar y multigrado, programas de reeducación y vinculación con bolsas de trabajo.
Respecto a los requisitos de ingreso, las mujeres mayores de edad cuya vida o integridad física esté en riesgo pueden acceder a estos refugios, ya sea en solitario o acompañadas por sus hijas menores de 18 años o hijos de entre 0 y 13 años. También se permite la entrada de mujeres menores de edad residentes en el Estado de México, sin importar si son mexiquenses, vecinas o transeúntes, siempre que hayan enfrentado alguna forma de violencia de género. La admisión de hijos varones mayores de 12 años será evaluada conforme a los criterios específicos de cada refugio.
La permanencia en los refugios será voluntaria y tendrá un máximo de tres meses, salvo que persista alguna situación de riesgo o inestabilidad emocional o física. Para garantizar la protección a largo plazo, al egresar, las usuarias recibirán un seguimiento durante un año por parte del área de trabajo social. Este seguimiento incluirá llamadas telefónicas y visitas domiciliarias, con el primer contacto a los 15 días del egreso, seguido de revisiones mensuales y trimestrales hasta completar el ciclo de un año.
El egreso puede ser clasificado en tres categorías: voluntario, a petición de la usuaria; necesario, en caso de incumplimiento del reglamento o emergencias; o por conclusión del tiempo establecido. La finalidad de estos mecanismos es asegurar que las víctimas tengan un apoyo continuo para su reintegración y seguridad, incluso después de su salida del refugio.
El nuevo marco normativo busca fortalecer la protección de las mujeres en situación de violencia en el Estado de México, garantizando servicios especializados y un seguimiento efectivo para evitar que regresen a situaciones de riesgo. La publicación de esta normativa representa un paso importante en la política de atención integral y de derechos humanos en la entidad.
