Cambio físico y lucha judicial marcan la liberación del exreo, quien fue víctima de un proceso judicial injusto
El viernes 1 de agosto, la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó una sentencia absolutoria a Israel Vallarta, quien permaneció casi 20 años en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La decisión judicial se fundamentó en que no se logró probar su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Vallarta, quien en su primera reacción expresó: “Sabía que la verdad se iba a imponer”, salió en libertad tras casi dos décadas de injusta prisión. Su caso fue sumamente mediático, en particular por su vinculación con Florence Cassez, arrestada en la misma operación, en diciembre de 2005, por la Agencia Federal de Investigación (AFI). La operación fue encabezada por Genaro García Luna, actualmente condenado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, y por Luis Cárdenas Palomino, quien ha sido acusado de tortura.
La defensa de Vallarta había solicitado en varias ocasiones que se modificara su medida cautelar, argumentando el deterioro progresivo de su salud debido a las condiciones del penal y las medidas provisionales otorgadas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU en agosto de 2023 y en septiembre de 2024. Sin embargo, fue hasta ahora que logró obtener su libertad definitiva, tras una lucha judicial que duró casi 20 años.
El caso Cassez-Vallarta generó un conflicto diplomático entre Francia y México en sus primeros años, debido a la participación de Florence Cassez en el proceso. Aunque la francesa fue liberada, Vallarta permaneció en prisión, acusado de delitos que la justicia nunca pudo comprobar. La polémica y las irregularidades en su proceso evidencian las fallas del sistema judicial y las posibles violaciones a sus derechos humanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que Vallarta tiene el derecho de solicitar al Estado la reparación del daño por su encarcelamiento injusto, mediante un proceso judicial. La mandataria también señaló al gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) como responsable de las irregularidades en la detención y el montaje judicial en su caso. “No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje”, expresó.
Israel Vallarta, quien fue señalado por la AFI como el supuesto líder de la banda criminal “Los Zodiaco”, ha denunciado en varias ocasiones haber sido víctima de tortura durante su captura y detención. Estas agresiones le provocaron diversas afectaciones en su salud, aunque siempre mantuvo su inocencia y buscó modificar la medida cautelar mediante diferentes recursos legales, sin éxito hasta ahora.
Tras su liberación, Vallarta ha comenzado a reconstruir su vida, enfrentando el cambio físico que sufrió tras décadas en prisión. Las imágenes de antes y después muestran claramente las secuelas de su prolongado encierro y las condiciones adversas en las que permaneció. La justicia finalmente reconoció la vulnerabilidad y los derechos de un hombre que fue víctima de un proceso judicial injusto.
Antes de su captura, Israel Vallarta era un ciudadano común, sin antecedentes penales, que fue detenido en un operativo que posteriormente fue cuestionado por su legalidad y ética. La historia de su encarcelamiento refleja las fallas estructurales y los abusos de poder que aún persisten en el sistema judicial mexicano, además del impacto que tuvo en su vida y en la percepción pública del caso.
La libertad de Vallarta representa también un llamado a la revisión de casos similares y a la reparación integral de quienes han sido víctimas de procesos judiciales injustos en México. Su experiencia evidencia la necesidad de fortalecer las garantías judiciales y garantizar que la justicia actúe con imparcialidad y respeto a los derechos humanos.
