Ex consejeros y ex magistrados llaman a un proceso inclusivo y transparente
Un grupo de ex consejeros y ex magistrados electorales hizo un llamado a promover un diálogo nacional que fortalezca la democracia en México. Este pronunciamiento surge tras el anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre la creación de una Comisión para impulsar una próxima reforma electoral. Los firmantes coincidieron en que cualquier cambio en el sistema electoral debe cumplir con los más altos estándares de integridad y ser resultado de un consenso amplio y plural.
Los promotores de esta iniciativa enfatizaron la importancia de involucrar a diversos actores y sectores de la sociedad en el proceso de deliberación. Entre los actores invitados a sumarse al diálogo se encuentran organizaciones sociales, actores políticos, instituciones académicas, organismos empresariales, medios de comunicación y ciudadanos interesados. La participación de estos grupos es considerada esencial para que la reforma refleje las necesidades y aspiraciones del país.
Asimismo, señalaron que, como en décadas anteriores, una reforma electoral eficaz debe ser fruto de una amplia deliberación y acuerdos. Se destacó que no solo es importante contar con votos en el Congreso, sino también escuchar la voz de las minorías, ya que una democracia sólida se fortalece cuando todos los sectores tienen cabida, incluyendo aquellos con menor representación electoral. La inclusión y el respeto por las distintas opiniones son fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático.
En materia de transparencia, los ex consejeros y magistrados subrayaron que la discusión pública sobre la reforma debe integrar los diagnósticos técnicos de las autoridades electorales. Esto resulta clave para garantizar el uso racional de los recursos públicos, así como para que los costos de las elecciones y su impacto en las finanzas públicas sean claros y transparentes. La rendición de cuentas y la gestión eficiente de los recursos son indispensables para mantener la confianza en las instituciones electorales.
Entre las propuestas principales para la reforma, se encuentran el fortalecimiento de los mecanismos de representación política, buscando corregir distorsiones en la distribución de escaños en los congresos. Se propone que la asignación de las curules refleje proporcionalmente los votos obtenidos por cada fuerza política en las urnas, con el fin de evitar esquemas de sub y sobrerrepresentación que distorsionan la voluntad popular.
También se aboga por preservar y fortalecer la autonomía e independencia de los órganos electorales, tanto a nivel federal como estatal. La colegialidad en los órganos directivos, así como la profesionalización de sus estructuras mediante el Servicio Profesional Electoral Nacional, son aspectos clave para garantizar decisiones imparciales y técnicamente fundadas. La designación de consejeros y magistrados debe basarse en perfiles que prioricen la experiencia, la capacidad técnica y la imparcialidad, con candidatos propuestos por el Congreso, no mediante voto popular.
En relación con la administración del padrón electoral, se propone mantener bajo la control de la autoridad electoral, con vigilancia de las representaciones de los partidos políticos y técnicos especializados, para asegurar la imparcialidad y confidencialidad de los datos. La transparencia en la gestión del Registro Federal de Electores y la credencial para votar es esencial para fortalecer la confianza en los procesos electorales.
Asimismo, se plantea la implementación de un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización que garantice campañas equitativas, erradique la compra y coacción del voto, y sancione el desvío de recursos públicos. La regulación y la supervisión deben ser estrictas para evitar prácticas que pongan en riesgo la equidad en las contiendas.
Respecto al Poder Judicial, se propone reformar las normativas y procedimientos para que la selección de jueces y magistrados privilegie la mérito, la capacidad técnica y la independencia. La designación debe formar parte de una carrera judicial sólida, garantizando así un funcionamiento autónomo y transparente del sistema de justicia electoral.
Las propuestas que firman estos ex consejeros y magistrados electorales reflejan un compromiso por promover un proceso de diálogo incluyente y amplio. Insisten en que la definición de una reforma político-electoral debe contar con el máximo consenso posible para fortalecer la democracia mexicana. La firma de estos expertos reafirma la pertinencia de un debate abierto y responsable en busca de un sistema electoral más justo, transparente y eficiente.
Estos ex consejeros y magistrados electorales firmantes destacaron la necesidad de convocar a un proceso deliberativo que permita avanzar en una reforma que beneficie a la democracia mexicana. La participación de diversos sectores y el respeto por las instituciones son considerados clave para garantizar resultados duraderos y legítimos en el proceso de cambio.
