Funcionarios y allegados a la mandataria participarán en la elaboración de la nueva reforma electoral, sin participación de organismos independientes
El gobierno federal ha definido quiénes serán los responsables de conformar la Comisión Presidencial encargada de redactar la reforma electoral promovida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La integración de este órgano, que ha generado controversia por su cercanía a la mandataria, incluye a funcionarios y secretarios de Estado con vínculos directos con ella, lo que pone en duda su independencia.
La creación formal de la comisión fue anunciada el pasado sábado mediante un comunicado oficial, en el que se informó que sería presidida por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gómez ha sido responsable en ocasiones anteriores de coordinar la redacción de proyectos de reformas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que evidencia su cercanía política y experiencia en estos procesos.
De acuerdo con el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, la comisión estará integrada por los titulares de diversas dependencias y unidades de la administración pública federal. Entre ellos se encuentran Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal; Lázaro Cárdenas Batel, representante de la Oficina de la Presidencia de la República; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores del Presidente; y Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la misma oficina.
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El decreto señala además que los integrantes podrán invitar a representantes de dependencias, entidades, instituciones públicas o privadas, organismos autónomos, academia y sociedad civil. Sin embargo, estas participaciones serán sin derecho a voto, lo que limita la incidencia de otros actores en el proceso de redacción de la reforma electoral. La inclusión de estos invitados busca ampliar el diálogo, pero mantiene el control en manos de los funcionarios cercanos a la mandataria y del grupo de trabajo designado.
La composición de la comisión, claramente liderada por figuras con estrechos vínculos con Sheinbaum y el gobierno federal, ha sido interpretada por algunos analistas como un indicio de la falta de una verdadera independencia en el proceso de elaboración de la reforma. La percepción general es que el órgano no refleja una participación plural y autónoma, sino que funciona como un instrumento más del grupo cercano a la mandataria para impulsar cambios que aún están en discusión.
Este hecho genera dudas sobre el carácter democrático y abierto del proceso reformador, ya que la participación de actores externos y especializados en temas electorales parece limitada o, en el mejor de los casos, simbólica. La decisión de integrar a funcionarios con una línea política similar a la de Sheinbaum refuerza la sospecha de que la reforma será diseñada con un sesgo favorable a sus intereses y a la visión del gobierno en turno.
La creación de esta comisión se suma a un contexto en el que diversos sectores han expresado su preocupación por la transparencia y la independencia de las reformas electorales en México. La percepción de que la iniciativa responde a intereses políticos particulares, en lugar de un interés colectivo por fortalecer la democracia, puede impactar en la credibilidad del proceso y en la legitimidad de los cambios que se propongan.
El debate sobre la participación de actores externos y la necesidad de garantizar un proceso abierto y plural continúa vigente en la discusión pública. Sin embargo, la estructura actual de la comisión, con la presencia exclusiva de funcionarios cercanos a la presidenta Sheinbaum, parece alejarse de esos principios, poniendo en duda la objetividad y la representatividad del proceso reformador.
