La decisión protege la libertad religiosa y descongela las restricciones en trámites oficiales que excluían a quienes portan el velo islámico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por mayoría de ocho votos contra uno, que una mujer de Chihuahua podrá obtener su pasaporte mexicano portando el hiyab, tras determinar que las restricciones previas vulneraban derechos fundamentales. La demanda fue presentada por Evamaría Lozano, una joven de 30 años, quien enfrentó obstáculos al intentar completar el trámite en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), debido a que le negaron el documento por portar el velo islámico en su rostro.
El tribunal concluyó que la interpretación rígida del reglamento por parte de las autoridades de migración viola la libertad religiosa y el derecho a no ser discriminada por motivos de fe. La votación enfatizó que, si bien la seguridad y la identificación son prioridades en los procedimientos oficiales, estas deben ser compatibles con el respeto a las expresiones religiosas. En ese sentido, la corte ordenó que la Secretaría de Relaciones Exteriores expida el pasaporte a la mujer, siempre que cumpla con los requisitos legales, permitiéndole mantener el uso del velo.
Este fallo adopta una postura que equilibra la seguridad nacional con la protección de derechos humanos, en un contexto donde la libertad religiosa ha sido un tema en crecimiento en México. La importancia radica en reforzar la necesidad de que las instituciones públicas ajusten sus reglamentos para garantizar la inclusión sin comprometer la seguridad. La decisión sienta un precedente relevante en la protección de derechos de las minorías religiosas, promoviendo una interpretación más flexible y moderna de las normativas de identidad.
La relevancia del fallo también refleja una tendencia en el país hacia el respeto más profundo por las expresiones culturales y religiosas, especialmente en procesos administrativos que históricamente han sido excluyentes para algunos grupos. La sentencia busca que las instituciones oficiales sean más abiertas y adaptadas a la diversidad social en México.