La normativa busca fortalecer la independencia, profesionalización y modernización del sistema judicial estatal, con nuevos órganos y recursos garantizados.
El Congreso de Chihuahua dio luz verde a una renovada Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de potenciar la autonomía y eficiencia del sistema judicial local. La reforma, que contó con la aprobación mayoritaria de los legisladores, introduce cambios estructurales en la gestión y supervisión de la justicia en la entidad.
Entre los principales avances, destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por cinco magistrados electos mediante voto popular, con la facultad de sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial. Además, se establece la formación del Órgano de Administración Judicial, compuesto por representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, responsable de la gestión administrativa y presupuestal.
La iniciativa también garantiza que el Poder Judicial reciba al menos el 2% del Presupuesto de Egresos del Estado, asegurando recursos suficientes para mantener y mejorar los servicios judiciales. Se atribuyen funciones como la capacitación, remoción de personal, control patrimonial y modernización tecnológica, con miras a incrementar la transparencia y agilidad en los procesos.
Un aspecto relevante es que los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial empezarán a laborar el 1 de septiembre de 2025, aunque aún está pendiente definir la composición del OAJ. La reforma también establece que las resoluciones del órgano podrán ser recurridas solo ante el Pleno del Tribunal, limitando recursos futuros para garantizar decisiones definitivas.
Asimismo, la ley formaliza la creación de diversos institutos especializados en formación, defensa, peritaje y estudios socioeconómicos, con el fin de fortalecer la estructura institucional del poder judicial en Chihuahua y promover un sistema más transparente, profesional y eficiente.
El impulso a estas reformas refleja el interés del Congreso en adecuar el marco jurídico a las necesidades actuales y futuras del Estado, promoviendo un aparato judicial más independiente y preparado para afrontar los desafíos políticos y sociales.