Tapachula, Chiapas. – Durante más de dos décadas, la ciudad de Tapachula ha sido un importante punto de tránsito para migrantes que cruzan de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Desde la construcción de la Estación Migratoria Siglo XXI en 2006, su papel ha evolucionado de un lugar de refugio a un espacio de contención y legal incertidumbre.
Las políticas migratorias implementadas, como el Plan Frontera Sur en 2014, han contribuido a que Tapachula sea vista como una “ciudad cárcel“. Los migrantes enfrentan demoras prolongadas y están atrapados en un limbo legal, incapaces de avanzar en sus trámites de asilo o regresar a sus países de origen de manera segura. Este entorno ha llevado a que detenciones y dudas se conviertan en elementos cotidianos de la vida en la ciudad.
Más recientemente, la llegada de caravanas migrantes ha acentuado la crisis. Miles de personas de Haití, Venezuela y Centroamérica esperan meses o incluso años por un estatus legal, exponiéndose a condiciones de vida difíciles. Los cambios en la política de asilo de Estados Unidos y el aumento de la cooperación regional han excluido a muchos migrantes de opciones seguras para continuar su viaje.
En medio de estas adversidades, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova juegan un rol crucial. Fundado en los años noventa, este centro brinda apoyo legal a migrantes y documenta las condiciones en que se encuentran. Su trabajo no solo se enfoca en la defensa legal, sino también en la creación de comunidades resilientes entre los migrantes, fomentando el diálogo y la solidaridad con la población local.
Mavi Cruz, actual directora del centro, destaca que a pesar de las políticas restrictivas, es posible construir un sentido de comunidad y pertenencia. Sus esfuerzos reflejan un compromiso con la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, buscando resistir y desafiar las narrativas de fracaso personal ante situaciones de control sistémico.