Activistas y organizaciones advierten sobre destrucción ecológica, desplazamientos y aumento de la violencia en los tramos 5, 6 y 7 del proyecto ferroviario.
El proyecto del Tren Maya, uno de los megaproyectos insignia del gobierno mexicano, continúa generando polémica debido a sus severos impactos ambientales y sociales en la región. La construcción de estos tramos ha implicado la tala de aproximadamente 20 millones de árboles y la afectación de 130 cenotes y cavernas, además de dañar acuíferos al instalar miles de pilotes de acero corroíbles que contaminan las fuentes de agua dulce, esenciales para comunidades y ecosistemas locales. La presencia militar aumentó en comunidades y zonas naturales, generando un ambiente de inseguridad, restricciones en el acceso a playas y zonas protegidas, y afectando los derechos humanos de los residentes. A nivel jurídico, a pesar de la suspensión de obras en algunos tramos, las acciones legales han sido desestimadas o no cumplidas, dificultando la protección legal de los afectados. En este contexto, expertos recalcan que en lugar de promover progreso, el Tren Maya ha contribuido a incrementar la violencia, los delitos y la criminalización de quienes denuncian los daños. La región posee un ecosistema único y vital, que enfrenta una deforestación acelerada y la apertura de bancos de materiales que impactan hábitats y recursos naturales en miles de hectáreas, poniendo en riesgo su biodiversidad y sostenibilidad a largo plazo. La controversia revela la necesidad de evaluar cuidadosamente los efectos de estos proyectos de gran escala en comunidades y ecosistemas frágiles.