Ciudad de México. – Recientemente, un documento que circuló en redes sociales cuestiona la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad coordinados por el Ejército y la Guardia Nacional. Este posicionamiento destaca que la responsabilidad recae en autoridades federales.
El documento hace referencia a artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el artículo 76, las facultades del Senado no incluyen la citación de autoridades estatales. Además, el artículo 93 establece que solo los funcionarios federales están obligados a comparecer ante el Congreso para rendir informes.
En el contexto de operativos coordinados con el Ejército, se indica que la responsabilidad es exclusivamente federal. La actuación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional está enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo que implica que cualquier requerimiento de información deberá dirigirse a entidades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.
La claridad en estos aspectos es fundamental para mantener la soberanía estatal y el pacto federal. Citar a un gobernador o fiscal estatal podría vulnerar el principio de competencia entre la federación y los estados. Es necesario respetar las esferas de autoridad de cada nivel de gobierno.
Por lo tanto, el Senado debe ejercer su función de control político dentro del marco constitucional. En asuntos de seguridad y narcotráfico, es crucial dirigir cualquier requerimiento a las autoridades federales competentes, lo que garantiza el cumplimiento del pacto federal y respeta el equilibrio necesario en la relación entre los distintos niveles de gobierno.