Críticos señalan hipocresía en la defensa de la soberanía mientras carteles controlan territorio nacional.
Ciudad de México. La postura del gobierno mexicano respecto a la situación en Venezuela, marcada por un enérgico activismo en defensa de la “soberanía” del país sudamericano, genera un intenso debate interno ante la persistente crisis de seguridad y el control territorial ejercido por organizaciones criminales en territorio nacional. Organizaciones y analistas políticos apuntan a una aparente contradicción entre la condena a la injerencia extranjera en Caracas y la aparente inacción frente a la violencia interna que afecta a miles de ciudadanos mexicanos.
La crítica se centra en la aparente priorización de la condena a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, mientras el propio territorio mexicano enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, evidenciados por el control de carteles en diversas regiones. La 4T, según los observadores, recurre al concepto de soberanía como un escudo discursivo para proteger regímenes afines, en lugar de enfocarlo en garantizar la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos.
Se subraya la incongruencia de exigir un “juicio justo” para líderes cuestionados internacionalmente, al mismo tiempo que se percibe un debilitamiento del sistema judicial y una minimización de la violencia que provoca desplazamientos masivos de mexicanos. La tendencia del gobierno a mirar hacia el sur y defender la “autodeterminación de los pueblos” contrasta con la realidad nacional, donde la soberanía se ve comprometida por la incapacidad de ejercer un gobierno eficaz en los propios municipios.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha apelado a la Doctrina Estrada, invocando la “no intervención” y la “autodeterminación de los pueblos” para condenar la intervención estadounidense en Venezuela. Sin embargo, este purismo diplomático se desmorona ante la realidad nacional, donde el Gobierno mexicano minimiza las masacres y el control territorial de los carteles en estados como Sinaloa, Guerrero y Chiapas, mientras se solicita la intervención de las Naciones Unidas para evitar un “derramamiento de sangre” en Caracas.
La invocación de figuras históricas como Benito Juárez para defender el derecho ajeno en Caracas se percibe como un olvido del derecho propio: el derecho a la vida, al libre tránsito y a una justicia sin corrupción, elementos fundamentales de la verdadera soberanía. Una nación ejerce su soberanía no solo por su rechazo a la injerencia externa, sino por su control efectivo del territorio y su capacidad para proteger a su población.
La postura del gobierno federal frente a esta dualidad podría tener repercusiones significativas en 2026. La insistencia en defender a Venezuela mientras la soberanía mexicana es vulnerada por el crimen organizado coloca a la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en una posición de fragilidad. La defensa de Nicolás Maduro, sin un combate eficaz contra los carteles mexicanos, otorga a Estados Unidos argumentos para considerar a México un “socio poco fiable” o un “Estado incapaz”, lo que podría justificar, bajo su propia doctrina, incursiones similares a las de Venezuela para capturar capos de la droga.
En este contexto, la defensa de la soberanía venezolana por parte del Gobierno de la 4T podría interpretarse como una distracción estratégica para evadir la rendición de cuentas sobre la ingobernabilidad en México. El activismo del partido no solo responde a afinidad ideológica, sino que podría ser un acto de supervivencia política, ante la posibilidad de que, si la intervención en Venezuela se considera necesaria, el siguiente objetivo en la agenda internacional sea la frontera sur de México.