Grupos criminales migran a delitos como extorsión y cobro de piso contra microbuseros, evidenciando una creciente violencia y poca colaboración entre autoridades en zonas periféricas.
En los últimos meses, la amenaza de extorsión contra operadores del transporte público en la Ciudad de México ha incrementado notablemente, especialmente en zonas limítrofes con el Estado de México como Gustavo A. Madero e Iztapalapa. La falta de coordinación efectiva entre las fuerzas policiales de ambas entidades ha facilitado la labor de grupos criminales que buscan expandir sus actividades ilícitas en la periferia de la capital.
El fenómeno revela una diversificación del crimen organizado, en la que cárteles tradicionales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Unión Tepito migran del tráfico de drogas hacia modalidades más directas y peligrosas como el cobro de piso, la trata y el secuestro. La extorsión a microbuseros y rutas de transporte se ha convertido en una fuente de ingresos estable para estas células, que utilizan amenazas, agresiones y daños a vehículos como métodos para obligar a los conductores a pagar cuotas.
Expertos en seguridad destacan que estas actividades se concentran en áreas donde la colaboración entre autoridades municipales, estatales y de la Ciudad de México es insuficiente. La vulnerabilidad de zonas periféricas, con entradas y salidas ágiles hacia municipios del Estado de México, favorece la presencia y expansión de estos grupos criminales.
En un operativo reciente en la alcaldía Gustavo A. Madero, agentes lograron detener a tres sujetos relacionados con extorsiones a conductores, asegurándoles dinero, teléfonos y notas vinculadas a las cuotas. Sin embargo, la estrategia de combate requiere mayor integración, uso de tecnología y participación ciudadana para reducir la impunidad y la reiteración de estos delitos.
Para afrontar esta problemática, las autoridades impulsan medidas como la creación de líneas directas entre policías y transportistas, instalación de cámaras en bases y paraderos, además de la implementación de botones de pánico y operativos focalizados en las zonas más afectadas. La coyuntura también ha llevado a un aumento en las denuncias, resultado de mayor confianza ciudadana y endurecimiento de penas, factores que podrían frenar la expansión de estas actividades delictivas.
La situación actual evidencia que el delito no solo implica riesgos económicos para los operadores de transporte, sino que también pone en jaque la seguridad en zonas donde la presencia de grupos armados y células dispersas crea un escenario de violencia creciente y poca capacidad de respuesta institucional.