La Jefa de Gobierno anuncia agilización en procesos burocráticos y enfrenta críticas del PAN por temas de transporte y gentrificación
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles una serie de medidas destinadas a acelerar el acceso a la vivienda social en la capital. Estas acciones buscan reducir los tiempos de trámite, que actualmente superan los cuatro años, a apenas 40 días, mediante la simplificación de procesos administrativos. Brugada afirmó que con estas medidas se garantizará un entorno más eficiente para las familias que buscan una vivienda digna, asegurando que “estamos garantizando que tengamos las condiciones para lograrlo en poco tiempo”.
Desde que comenzaron las protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México, la mandataria ha asumido el tema como prioritario y ha impulsado diversos foros y debates dirigidos a acercar a los sectores involucrados y generar soluciones consensuadas. En ese contexto, la Jefa de Gobierno confirmó que su administración ha agilizado trámites burocráticos en varias dependencias. Entre los cambios más destacados, resaltó que la Secretaría de Administración y Finanzas emitirá la opinión de valor de los predios en un mes, en lugar de los cuatro meses habituales.
Asimismo, la Secretaría del Agua entregará la factibilidad de servicios en diez días, en comparación con los 80 días que tomaba anteriormente. La Secretaría de Medio Ambiente proporcionará la evaluación de impacto ambiental en 24 horas, y el Instituto de Seguridad para las Construcciones aprobará los dictámenes de seguridad en dos semanas, cuando antes podían tardar hasta 225 días. Estas medidas buscan romper con los obstáculos administrativos que retrasan el acceso a la vivienda social y facilitar el desarrollo urbano en la capital.
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Brugada aseguró que estos cambios representan un “golpe durísimo a los muros burocráticos que han secuestrado la gestión de vivienda” en la ciudad. La funcionaria afirmó que, con estas acciones, el proceso que actualmente puede durar al menos cinco años podría resolverse en un plazo de cuatro meses. “Le estamos dando un golpe durísimo a los laberintos burocráticos que se enfrentan en todas las dependencias”, expresó, acompañada de su equipo de trabajo enfocado en temas de vivienda y gentrificación.
Por otro lado, la tensión política entre Morena y el Partido Acción Nacional (PAN) se mantiene vigente. Mientras la administración de Clara Brugada avanza en reformas administrativas, el PAN criticó duramente la gestión oficial, en particular por la falta de transporte público en la Ciudad de México. El diputado local Andrés Sánchez Miranda presentó una resolución para exigir la creación de mesas de trabajo que evalúen la ampliación de las líneas del Metro en zonas marginadas, considerando la viabilidad técnica y financiera de estos proyectos.
La propuesta fue rechazada por la bancada de Morena, que impidió que la discusión continuara. Sánchez Miranda subrayó que “el Metro debería ser la herramienta para equilibrar la ciudad, pero hoy es símbolo de abandono y desigualdad”. Para el legislador, la falta de conectividad en las zonas vulnerables limita las oportunidades de empleo, educación y salud, y cada kilómetro no construido en el sur representa una puerta cerrada a mejores condiciones de vida. La disputa política refleja el enfrentamiento entre ambas fuerzas en un contexto de urgente necesidad de soluciones integrales para la ciudad.
En conclusión, la administración de Clara Brugada toma medidas concretas para reducir los obstáculos burocráticos en la gestión de vivienda social, mientras enfrenta críticas de la oposición por otros temas prioritarios como el transporte público y la gentrificación. La puesta en marcha de estas reformas busca acelerar los procesos y responder a las demandas sociales, en un escenario donde la política y la gestión urbana continúan en tensión.
