A pesar del incremento tarifario, accidentes, incumplimientos y condiciones precarias persisten en el transporte público concesionado de la Ciudad de México.
Desde la autorización del incremento de 1.50 pesos en la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México, ocurrido el 31 de octubre, los problemas en el sector se han mantenido. A pesar de la promesa de mejorar la calidad del servicio mediante obligaciones estrictas para los conductores y unidades, la realidad en las calles revela un panorama distinto.
En el último mes, al menos seis incidentes severos, incluyendo una tragedia mortal, han involucrado microbuses y camiones de rutas como la 18 y 37, operando en alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac. Los siniestros incluyen atropellos y choques en calles congestionadas, reflejando una constante infracción a las normas de tránsito y un incumplimiento de los compromisos de seguridad pactados inicialmente.
A pesar de los controles y operativos públicos, investigaciones muestran que muchas unidades mantienen condiciones inseguras, como vidrios polarizados, placas no visibles y exceso de velocidad. La estructura del modelo concesionado fomenta conductas peligrosas, ya que la rentabilidad para los operadores depende de buscar pasajes rápidamente, incentivando maniobras y velocidades riesgosas. La precariedad salarial y la competencia desleal aumentan estos vicios, haciendo difícil garantizar una conducción responsable.
Expertos señalan que la solución pasa por cambiar radicalmente la estructura del sistema de transporte. Es necesario avanzar hacia un modelo empresarial que ofrezca mayor profesionalización, controles públicos más rigurosos y mejores condiciones laborales. Solo así será posible reducir los accidentes y cumplir verdaderamente con los estándares de seguridad y calidad para los usuarios.
El incremento en tarifas, lejos de traducirse en mejoras, evidencia que la seguridad vial sigue siendo una asignatura pendiente en el transporte público capitalino, afectando la vida y la integridad de los usuarios. La transformación del sector requiere estrategias integrales y un compromiso real para erradicar la informalidad y las malas prácticas en movilidad.