La salida del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera genera suspicacias y revela tensiones políticas y diplomáticas.
Este fin de semana, se confirmó un nuevo cambio en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al anunciarse la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En su lugar, ha sido nombrado Omar Reyes Colmenares como nuevo titular, en un movimiento que ha despertado diversas interpretaciones en el ámbito político y diplomático.
Pablo Gómez pasará a presidir la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia encargada de diseñar cambios en el sistema electoral mexicano. La designación se basa en su amplia experiencia legislativa y en su participación en reformas político-electorales previas, lo que sugiere que el gobierno busca aprovechar su conocimiento en la materia para impulsar la transformación del sistema.
No obstante, cualquier cambio en la administración pública suele estar rodeado de suspicacias, y en este caso no fue la excepción. Numerosos columnistas han señalado que la salida de Gómez Álvarez podría haber estado premeditada y relacionada con su gestión en la UIF, que, desde distintas perspectivas, ha sido objeto de cuestionamientos.
Desconfianza hacia Pablo Gómez
Uno de los análisis más destacados proviene del columnista Salvador García Soto, quien en su columna “Una salida ‘decorosa’ para Pablo Gómez” afirma que el funcionario habría manejado la UIF desde 2021 con sesgos políticos e ideológicos, priorizando la investigación de opositores en lugar de centrarse en casos de lavado de dinero. Esta percepción negativa habría generado desconfianza en el gobierno de Estados Unidos, que, según Soto, no confiaba en su labor.
El periodista señala que, en particular, la UIF no habría informado a Estados Unidos sobre ciertos casos relevantes, como las investigaciones que involucraban a Intercam, CIBanco y Casa Vector, ligados al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Además, se afirma que Gómez Álvarez no habría investigado movimientos en cinco cuentas bancarias relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de las alertas de las autoridades estadounidenses.
Este episodio, consideran algunos analistas, fue clave para que se comenzara a hablar de su inminente salida. La percepción es que su gestión no cumplió con las expectativas de cooperación internacional, lo que habría pesado en las decisiones políticas que culminaron en su relevo.
Asimismo, se sugiere que la salida de Gómez Álvarez pudo haber sido acordada con Estados Unidos en el contexto de negociaciones para la extensión de aranceles a México, una medida que afectó las relaciones bilaterales. El impacto de estas tensiones quedó reflejado en la percepción de que el gobierno mexicano habría decidido reemplazarlo para mejorar la relación con Washington.
Por otro lado, el periodista Jorge Fernández Menéndez también destacó la desconfianza generada desde el gobierno estadounidense, señalando que Gómez Álvarez “abandonó la lucha contra el lavado de dinero” y que, desde entonces, la relación con Estados Unidos se fue distanciando paulatinamente. La percepción de la falta de confianza en su gestión habría sido un factor decisivo para su salida.
Desde febrero pasado, las autoridades mexicanas ya tenían conocimiento de investigaciones contra la institución financiera Vector, vinculada con actividades ilícitas. Sin embargo, a pesar de las amenazas de Trump y las tensiones diplomáticas, en México no se llevaron a cabo acciones concretas contra estos movimientos. La percepción generalizada es que la gestión de Gómez Álvarez no respondió a las expectativas de cooperación internacional en materia de lucha contra el lavado de dinero.
El columnista Riva Palacio sostiene que la decisión de removerlo se consolidó cuando las agencias estadounidenses tomaron medidas unilaterales contra instituciones financieras mexicanas. Esto, afirma, dejó en evidencia la pérdida de confianza en su liderazgo y en sus capacidades para coordinar esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero.
¿Rebeldía de Pablo Gómez?
Además de los cuestionamientos sobre su desempeño y la confianza internacional, se plantea otra posible motivación para su salida. En su columna “Otra pluma quitada al ganso”, Raymundo Riva Palacio señala que Gómez Álvarez habría enviado información confidencial al Departamento del Tesoro de Estados Unidos sin haber sido solicitada, lo que fue interpretado como un acto de rebeldía en medio de la inminente salida.
Según Riva Palacio, Gómez habría intentado dejar constancia de ciertos movimientos y operaciones financieras, en un acto que se percibe como una resistencia a las decisiones del gobierno. Desde la transición entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Gómez no habría querido abandonar su puesto, a pesar de las expectativas de que su salida fuera inminente, y de que tanto la presidenta como Omar García Harfuch esperaban su renuncia para nombrar a alguien cercano al equipo del mandatario.
Él habría argumentado que su nombramiento provenía directamente de López Obrador y, por ello, se habría resistido a dejar el cargo, incluso ante las presiones internas. La tensión interna refleja las disputas por el control de las instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del sistema electoral.
Reforma Electoral o golpe a la democracia
Por último, la incorporación de Pablo Gómez Alvarez a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha generado controversia. La propuesta de Morena, partido en el poder, busca modificar el proceso de selección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y eliminar los legisladores plurinominales.
Este cambio ha sido criticado por su posible impacto en la democracia, ya que algunos consideran que representa un retroceso en los principios democráticos. La asignación de legisladores en el pasado permitió a los partidos de oposición tener representación en el Congreso, incluso durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional.
Gómez Álvarez, en varias ocasiones, ingresó al Congreso a través de las listas plurinominales, lo que refuerza las críticas de que la reforma podría limitar la participación plural y consolidar el control del partido en el poder. Diversos analistas advierten que estas modificaciones podrían representar un golpe a la estructura democrática del país.
Este escenario refleja las tensiones existentes entre las reformas propuestas y los principios democráticos fundamentales, en un contexto en el que la oposición y expertos temen un retroceso en los avances logrados en los últimos años.
