Sacramento, California. – La reapertura del caso de una beneficiaria de DACA ha generado preocupación en diversos aspectos de su vida, incluida su situación laboral. Valladares, quien aseguró que su caso había sido cerrado administrativamente hace más de diez años, se enfrenta a la decisión de renunciar a su trabajo o arriesgarse a ser despedida por no poder asistir a los procedimientos judiciales.
Tras conocer su situación, su empleador le brindó la opción de renunciar para mantener la posibilidad de recontratación en el futuro. Valladares expresó que si le detienen y no puede comunicarse con su empleo, sería considerada como ausente y perdería esa oportunidad. En este contexto, ha recibido asistencia alimentaria y apoyo legal de NorCal Resist, una organización de defensa de inmigrantes en Sacramento.
Giselle Garcia, directora del programa de NorCal Resist, mencionó que la lucha por trasladar el caso a California, apoyada por la congresista Doris Matsui, finalmente dio frutos. Sin embargo, Garcia advirtió que la vida de Valladares sigue en una situación precaria, ya que ha perdido su trabajo y enfrenta inseguridad habitacional. La batalla legal que le espera es considerada injusta, con muchas probabilidades en contra del demandado.
En este momento, Valladares espera que el tribunal de inmigración de Sacramento emita una nueva fecha para la audiencia. Expertos legales destacan que es complicado saber cuántas personas atraviesan circunstancias similares, debido a la demora en la disponibilidad de datos de los tribunales de inmigración.
