La indagatoria a Carlos Torres destaca preocupaciones sobre la corrupción en la administración pública.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta críticas tras el anuncio de investigaciones sobre su exesposo, Carlos Torres. La Fiscalía General de la República indaga a Torres por presuntos delitos relacionados con corrupción, tráfico de armas y lavado de dinero. Aunque no recibía un sueldo, su rol como coordinador de proyectos estratégicos generó controversias.
La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción advierte sobre posibles conflictos de interés, enfatizando la necesidad de un gobierno libre de corrupción. La situación ha provocado un debate sobre la ética en el servicio público y la transparencia en la administración estatal.