La toma violenta del hotel y restaurante en Baja California evidencia la inacción de las autoridades y genera inseguridad en la zona turística.
El enfrentamiento por la posesión del Hotel Old Mill y el restaurante Eucalipto en San Quintín, Baja California, desembocó en una intervención violenta que resultó en un desalojo forzado. La disputa, que se ha prolongado durante semanas, refleja la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades locales y estatales ante las acciones de desalojos ilegales.
El 3 de diciembre, un grupo de aproximadamente 25 personas, lideradas por un exsocio del hotel, ingresó con violencia a las instalaciones, derribando la barrera que delimita la Zona Marítimo Federal para tomar control del inmueble. Cuentan los propietarios, Nancy Grace y James Louis Harer, que durante la operación se escucharon afirmaciones de que “la policía no iba a llegar”, y que, aunque contactaron emergencias, la policía municipal tardó casi dos horas en responder, cuando ya los intrusos tenían control del lugar.
La falta de una acción oportuna ha generado preocupación entre residentes y empresarios locales, quienes consideran que la impunidad alimenta un ambiente de inseguridad en la región. Este conflicto revela también la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones judiciales y policiales para evitar que conflictos de propiedad escalen a niveles de violencia. La historia del hotel, adquirido por sus actuales propietarios a través de la empresa Viento y Mar S.A. de C.V., está marcada por denuncias de despojo y fraude contra antiguos socios, evidenciando las complicadas dinámicas jurídicas que enfrentan muchas propiedades en Baja California.
Este episodio pone en evidencia la importancia de que las autoridades refuercen los mecanismos judiciales y policiales para proteger la propiedad y la seguridad, en un contexto donde la inacción puede tener repercusiones graves en la tranquilidad social y económica de zonas turísticas.
Como antecedente, la región de San Quintín ha sido escenario de diversos conflictos relacionados con disputas de tierra y negocios, subrayando la necesidad de una gobernanza efectiva que garantice la legalidad y la protección de los derechos de los propietarios locales.