San Quintín, Baja California. – La familia del activista Eugenio Martínez Cruz, asesinado en 2024, reporta amenazas constantes por parte de individuos no identificados. Eugenio, defensor de derechos humanos e integrante de la comunidad indígena Triqui, fue víctima de un ataque violento que ha dejado a su familia en una situación de vulnerabilidad.
El asesinato de Eugenio ha llevado a la detención de dos personas, César y Edgar, quienes están actualmente vinculadas a un proceso penal. La Fiscalía General del Estado está en la etapa de presentar pruebas en el juicio oral por homicidio calificado. A pesar de esto, la familia continúa percibiendo un ambiente hostil, con amenazas que iniciaron poco después de que se conociera el crimen.
Bonifacio Martínez Cruz, hermano de Eugenio y líder de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, expone que las amenazas comenzaron tras una audiencia relacionada con el caso de su hermano. La esposa de Eugenio fue contactada desde un número desconocido, advirtiéndole sobre posibles repercusiones si no se desistían del compromiso de buscar justicia.
Desde 2020, Bonifacio y Eugenio enfrentaron diversos peligros al realizar un censo en su comunidad, tras haber sido desplazados por el crimen organizado. A pesar de haber reportado amenazas previas a las autoridades, la respuesta fue insuficiente y no se tomaron medidas efectivas para resguardar su integridad. La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, ha sido informada sobre las amenazas, pero las acciones concretas no se han implementado.
A raíz de la situación, la familia ha solicitado oficialmente el apoyo de las autoridades para garantizar su seguridad, al mismo tiempo que se prepara para el juicio oral. En un comunicado, expresaron la necesidad urgente de protección y la importancia de que no haya impunidad en este caso. La lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos de la comunidad Triqui continúa, a pesar de los riesgos que enfrentan.