LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. – El programa federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera en Baja California Sur ha registrado un total de 39,065 trámites hasta el pasado 12 de diciembre de 2025. La directora general de Ingresos, Claudia Angulo Castro, informó que el decreto que permite este beneficio concluirá en septiembre de 2026, haciendo un llamado a la ciudadanía para aprovechar el plazo restante.
Angulo Castro destacó que, de los 39,065 vehículos regularizados hasta la fecha, 1,032 corresponden a lo que va del presente año. Esta cifra contrasta significativamente con los 25,279 vehículos que se regularizaron durante 2022, año de inicio del programa. Las cifras subsecuentes muestran una tendencia a la baja: 7,938 unidades en 2023, 4,819 en 2024 y las 1,032 registradas en 2025. “Sí hay que difundir entre la ciudadanía que existe este beneficio de regularización y que se vence ahora en el 2026”, señaló la funcionaria, enfatizando la necesidad de comunicar la oportunidad a los propietarios.
El objetivo primordial de este programa es asegurar que los propietarios puedan acreditar la estancia legal de sus automóviles en el país. La directora advirtió sobre las consecuencias de no regularizar, indicando que los vehículos no aptos pueden ser decomisados por autoridades federales, sin posibilidad de recuperación, independientemente de quién conduzca la unidad. “Se trata de que anden legales y de que puedan comprobar su propiedad”, puntualizó.
Para incentivar la participación y facilitar el cumplimiento de la normativa, el gobierno estatal ofrece descuentos en el emplacamiento una vez que los vehículos han sido regularizados a nivel federal. La Ley de Movilidad del estado exige que todo automóvil en circulación cuente con sus placas y verificación correspondientes, por lo que este programa busca también garantizar la seguridad vial y jurídica.
Las autoridades reiteraron su exhorto a los propietarios de vehículos extranjeros para que realicen los trámites necesarios antes de la fecha límite, evitando así posibles sanciones y riesgos. El programa, además de brindar certeza jurídica, pretende contribuir a la economía familiar a través de los apoyos en los costos de regularización.
