LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. – La adquisición de un extenso predio en la Sierra La Laguna, uno de los ecosistemas más valiosos de Baja California Sur, ha reavivado el debate público sobre la propiedad de tierras, la conservación ambiental y las posibles influencias políticas en proyectos de zonas ecológicas protegidas.
La asociación Hermandad en Armonía, cuya existencia no está registrada oficialmente, anunció la compra del predio “Nuestra Señora del Rosario” con el objetivo declarado de establecer un centro integral para la conservación, reintroducción de fauna y vigilancia ambiental. Entre las propuestas se incluyen labores de vigilancia forestal y la construcción de infraestructura educativa y de apoyo, como laboratorios y albergues, situados fuera del polígono del Área Natural Protegida (ANP).
Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo entre sectores de la comunidad local. Estos señalan que se han empleado entrevistas y testimonios de rancheros sin su autorización para promocionar el proyecto. Exigen una mayor transparencia sobre la naturaleza real del mismo y la legitimidad de la organización detrás de la operación de compra.
El predio, que abarca aproximadamente 9,651 hectáreas y comprende desde bosques de pino y encino hasta zonas cruciales para la recarga hídrica, ha sido previamente motivo de controversia debido a la compleja tenencia de la tierra en la Sierra, donde terrenos privados, ejidales y estatales coexisten dentro del ANP.
La incertidumbre se ha agudizado por la aparición en materiales de difusión de figuras políticas como Jorge Emilio González Martínez, exlíder nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como legisladores federales y locales que presuntamente asistieron a un encuentro para presentar el proyecto. Hasta el momento, no existe confirmación oficial ni documentación pública que valide el carácter institucional de dicho encuentro o la participación formal de autoridades gubernamentales.
Expertos y habitantes locales cuestionan la figura jurídica de “Hermandad en Armonía” debido a la falta de verificación en registros oficiales, y demandan que se aclare si la asociación está legalmente constituida y bajo qué mecanismos se asegurará el cumplimiento de las normativas ambientales que rigen el área protegida.
Organizaciones ecologistas y comunidades locales han solicitado a las autoridades competentes información pública y verificable sobre la compra, los permisos ambientales requeridos o en proceso, y los sistemas de supervisión que se implementarán para prevenir impactos adversos en uno de los ecosistemas primordiales del estado.
El debate persiste entre quienes apoyan la propuesta de conservación y quienes denuncian la opacidad y los posibles intereses políticos subyacentes, exigiendo definiciones oficiales que proporcionen certeza jurídica y ambiental antes de proceder con planes que podrían alterar la dinámica del entorno.